Monitoreo policial en Guerrero

Columna de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, enero 23, 2011

Sólo desde la mayor desvergüenza o la más desmedida ignorancia es posible negar la existencia de un fenómeno masivo de violación a los derechos humanos en México. Y si este fenómeno no está a la vista de todos y en el centro del debate público, es porque la inmensa mayoría de las víctimas de los abusos no tiene los recursos para defenderse, y mucho menos para impulsar los cambios que eviten la repetición. Es cierto que los derechos humanos han ganado visibilidad en los discursos político y jurídico, pero también lo es que desde esos discursos hegemónicos se invisibiliza la verdadera dimensión del problema. En Guerrero, como en el país, hay un profundo divorcio entre el discurso y las prácticas de las instituciones públicas, en torno a los derechos humanos. Las pruebas están a la mano y la gran pregunta es cómo transformamos esta situación.

En noviembre del 2007, luego de dos años de preparativos, inició operaciones en Tlapa de Comonfort el Monitor Civil de la Policía y de los Cuerpos de Seguridad en la Montaña de Guerrero (MOCIPOL). Se trata de un mecanismo de control externo, independiente y especializado que reivindica la participación de la ciudadanía en la supervisión del actuar policial y en su inserción en coordenadas democráticas. Primero en su tipo en México, fue concebido, diseñado y activado desde la intervención coordinada de tres organizaciones de la sociedad civil: Tlachinollan, Fundar e Insyde. A poco más de tres años de operaciones, el Mocipol ha desarrollado una capacidad probada de operación eficaz en tres líneas de trabajo: a) monitoreo, documentación y atención integral de quejas de la ciudadanía y de los mismos policías; b) análisis y diagnóstico de los cuerpos de seguridad de la región y c) construcción de vínculos estrechos de colaboración con la policía y la ciudadanía.

Inspirado en las mejores prácticas de supervisión civil de la policía en el mundo, el Mocipol trasciende el formato convencional del movimiento de los derechos humanos al perseguir una doble misión: usar todos los recursos a su alcance para frenar la violación a tales derechos por parte de la policía y detonar procesos de acompañamiento ciudadano y policial hacia la construcción de comunidades seguras. La doble misión se conecta mediante procesos de trabajo y bases de información que traducen los casos atendidos en insumo clave para identificar, más allá de los problemas concretos del desempeño policial, las posibles causas institucionales que están detrás de ellos.

La evidencia está a la mano. Más de 380 casos documentados por el Mocipol confirman prácticas policiales de extorsión, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, allanamientos de morada, amenazas y/o intimidación, tortura, desaparición forzada de personas y multa excesiva. La información sistematizada de estos casos tiene una riqueza excepcional, no sólo porque rebasa cualquier duda respecto a la existencia o no del problema, sino porque arroja evidencias que mejoran por mucho la calidad del debate sobre la reforma policial y la seguridad. Va un ejemplo: la propuesta del presidente Calderón para crear el mando único estatal de la policía se funda en la idea de que el problema principal del quehacer policial en el país está en el municipio. En la Montaña de Guerrero no es así. Cuatro de cada diez casos atendidos por el Mocipol se refieren a violaciones a derechos a cargo de la Policía Investigadora Ministerial. Es una policía con poca presencia pero con más poderes, mismos que utiliza de manera regular para extorsionar, dejando muy atrás a las policías estatal preventiva y municipales. El Mocipol ha coaligado dos movimientos sociales: el de los derechos humanos y el de la reforma policial democrática. En el centro de esa articulación está un equipo de operadores incansables que día a día reciben solicitud de ayuda, incluso de miembros de la policía, quienes acuden al Monitor en una de cada diez casos recibidos. La Montaña de Guerrero tiene problemas históricos y extremos de injusticia social que han dejado en el olvido particularmente a las comunidades indígenas. Ahí está el Mocipol, a un ladito nomás de Tlachinollan y abrazado por Fundar e Insyde, y juntos estamos confeccionando el primer informe público de resultados y propuestas para la Montaña y el estado de Guerrero. Les tenemos una propuesta de seguridad ciudadana y reforma policial democrática. El gobernador entrante la tendrá en sus manos en breve.

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