Nueva condena a México

Columna de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, diciembre 26, 2010

El 26 de noviembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia en el caso Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel contra México. La Corte encontró responsable al Estado mexicano por la violación del derecho a la libertad personal, al derecho a la integridad personal, a diversos derechos de garantías y protección judicial, y por incumplimiento de la obligación de investigar los actos de tortura alegados en el propio caso. La Corte halló, además, que el Estado mexicano extendió la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta relación con la disciplina militar.

Tuve el privilegio de ser llamado por la defensa de Cabrera y Montiel (Centro Prodh, Tlachinollan y CEJIL) para elaborar el peritaje denominadoAusencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en su participación en labores de seguridad pública. Se lee en el peritaje que “al ser llamadas a participar en tareas propiamente policiales, las Fuerzas Armadas deben estar sujetas a los mismos estándares en materia de rendición de cuentas, transparencia, uso de la fuerza y otros principios aplicables a cualquier cuerpo de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo cual supone que existirán controles internos y externos para garantizar el cumplimiento de tales obligaciones, de acuerdo con determinados estándares preestablecidos. En la actualidad y en el momento en que ocurrieron los hechos materia del presente caso (1999), tanto la normatividad aplicable al Ejército como el actuar de sus elementos, revelan la ausencia de éstos, con lo cual se demuestra que la participación del Ejército en tareas de seguridad pública en México no reúne los requisitos mínimos para considerarse una opción viable para garantizar la seguridad pública de la población en un Estado democrático”. Por otro lado, en el párrafo 46 de la sentencia de la Corte se anota lo siguiente: “Respecto al peritaje del señor López Portillo Vargas el Estado señaló que ‘es falso’ y que ‘el país cuenta con estándares de control necesarios para sancionar y castigar cualquier abuso de cualquier autoridad, incluidas las de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad’”.

Para elaborar mi opinión técnica, pregunté a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por ejemplo: ¿Cuáles son los principios operativos que las Fuerzas Armadas siguen en sus operaciones donde están involucrados civiles?, ¿existen disposiciones legales que regulen los principios operativos de Fuerzas Armadas cuando estén involucrados civiles? Por su parte, la Sedena contestó que los elementos militares se encuentran sujetos a las obligaciones consagradas en la Constitución y las leyes que de ella emanan, agregando que éstas incluyen las obligaciones del artículo 133 constitucional, el cual asigna a los tratados internacionales una jerarquía inferior a la Constitución, pero superior de las leyes federales. No refirió ningún documento que demostrara que en las operaciones que involucren el contacto con la población civil existan lineamientos o principios específicos para guiar las acciones de los elementos militares a la hora de realizar tareas policiales. Por otro lado, en respuesta a una solicitud por las órdenes generales y protocolos de actuación de la propia Sedena en funciones de seguridad pública, la misma informó que “…no se localizó documento alguno que contenga la información que solicita, razón por la cual se declara su inexistencia.” Finalmente, en respuesta a la pregunta ¿cuáles son los mecanismos de control en la actuación de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública?, respondió que la institución mencionada no está obligada a dar respuestas “a cuestionamientos de carácter personal o hacer apreciaciones subjetivas de los asuntos que le sean planteados”, y solicitó que le fuera proporcionado el nombre del documento requerido. La sentencia y el peritaje son de acceso público. Elabore usted sus propias conclusiones. En todo caso, no olvide que según el Estado mexicano, “el país cuenta con estándares de control necesarios para sancionar y castigar cualquier abuso de cualquier autoridad, incluidas las de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad”.

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