Nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas de EU, avance sustancial: J. Walsh

La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2012 que presentó Estados Unidos en abril [2012], si bien no es, como presumió el gobierno del presidente Barack Obama, «un revolucionario cambio hacia un enfoque de salud pública», significa «avances en cuanto a estrategia y presupuesto, tanto en la retórica como en la sustancia», opina John Walsh, coordinador del Programa de Políticas de Drogas, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos [WOLA].

En «Just How ‘New’ is the 2012 National Drug Control Strategy?» [mayo 8, 2012], Walsh reconoce que los más de 10 mil millones de dólares que el gobierno de Obama ha destinado al tratamiento y la prevención del consumo de drogas en Estados Unidos constituyen una cifra histórica pero también pueden producir una ilusión, pues al mismo tiempo cada año el gobierno federal y los estatales «gastan miles de millones de dólares en la interdicción en el extranjero y en esfuerzos para reducir la oferta», así como en políticas de «control de drogas», y específicamente en el encarcelamiento.

En 2009, por ejemplo, había en «las prisiones estatales 242 mil 900 delincuentes relacionados con tráfico de drogas, lo que implica gastos de 7.5 mil millones de dólares al año», de modo que «dedicar más recursos federales para el tratamiento y la prevención que a la lucha contra las drogas es menos impresionante de lo que parece».

No obstante, Walsh sugiere «se dé crédito a la administración de Obama por poner de relieve que el país ha caído en un exceso de confianza hacia la cárcel», pues la nueva estrategia «reconoce explícitamente que la población carcelaria de Estados Unidos han alcanzado niveles inaceptables», en un contexto donde ese país es el líder mundial en encarcelamiento, con casi 2.3 millones de personas privadas de la libertad, y donde «más que cualquier otro factor, la ‘guerra contra las drogas’ ha impulsado el auge del encarcelamiento».

Aunque «la retórica reformista del gobierno de Obama sigue por delante de la realidad política», concluye, puede percibirse un claro respaldo de la opinión pública a una estrategia que reduzca el tiempo de prisión para delincuentes no violentos y promueva medidas alternativas a la privación de la libertad.

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