Nuevo León: Revisan reforma penal desde la sociedad civil

El objetivo de la Segunda Jornada de Debate «El nuevo sistema de justicia penal desde la perspectiva de la sociedad civil» [julio 12-13, 2010, Monterrey, Nuevo León] fue que académicos, activistas y funcionarios analizaran el potencial de la reforma penal aprobada en junio de 2008, especialmente en materia de protección de los derechos humanos, «pues la mera aprobación no es suficiente para que efectivamente se incentiven las mejores prácticas», se advierte en el programa, «de ahí la importancia de generar espacios de discusión para hacer recomendaciones puntuales sobre los mejores diseños de instrumentación y mecanismos de monitoreo».

Luis David Ortiz, director del Programa de Seguridad y Justicia de MSI [Management Systems International; consultora internacional sobre gobernabilidad, crecimiento económico y educación], y Jorge Luis Mancillas Ramírez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, inauguraron la jornada, que comenzó con la conferencia «El nuevo sistema de justicia penal y la política de derechos humanos en México», a cargo de Bernardo María León Olea, jefe de la Unidad de Proyectos para la Innovación de la Presidencia de la República.

Algunas otras ponencias presentadas fueron «Género y acceso a la Justicia», «La centralidad del debido proceso en el nuevo sistema de justicia penal» y «La importancia del monitoreo ciudadano en el proceso de implementación de la reforma penal», de Patricia Olamendi, Katya Salazar y Guillermo Zepeda Lecuona.

Por Insyde, Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de nuestro Instituto, presentó «Policía de Investigación y reforma penal», y Javier Carrasco, gerente del Proyecto Presunción de Inocencia en México, «La presunción de inocencia como principio rector del nuevo proceso penal».

Asimismo, fue analizado en dos mesas de diálogo el Informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU y su relación con los puntos de la reforma penal referentes a transformación de la averiguación previa, arraigo, flagrancia, formas de detención, alternativas a la prisión preventiva, mujeres en prisión y defensoría pública.

Esta jornada, a la cual asistieron unas 40 organizaciones, fue impulsada por Insyde, Renace, el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de USAID México, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y la Secretaría de Gobernación.

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