Peña Nieto y el escándalo de Atenco

Enrique Peña Nieto deja el gobierno del Estado de México y entre los eventos fundamentales de su gestión se encuentra el llamado «Caso Atenco». En una entrevista publicada en el diario Reforma el pasado 4 de septiembre [2011], Peña afirmó: «El tema de Atenco fue muy polémico y donde, me parece, se justificó el uso de la fuerza pública para restablecer las condiciones de paz y de tranquilidad social». No es el caso. A pesar de no tener efectos para fincar responsabilidades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una investigación exhaustiva y resolvió, en una resolución emitida durante febrero de 2009, que la intervención policial sucedida los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México, implicó violaciones graves a las garantías individuales, de las cuales «podrían establecerse participaciones individuales y concretas». Al margen de que la resolución de la Corte instó a un aprendizaje nacional en el uso de la fuerza pública —que a la fecha no se ha llevado a cabo— a más de cinco años tampoco se ha sancionado a persona alguna que participó en el operativo o lo ordenó. Atenco es una expresión extrema de la falta de capacitación en el uso de la fuerza policial, la impunidad y la debilidad de los sistemas de rendición de cuentas y transparencia policial.

Desde la primera transmisión televisiva de la intervención policial hasta las diversas repeticiones que miré incluso junto con policías extranjeros con décadas de experiencia operativa —quienes calificaron como un desastre el despliegue—, no tuve jamás duda alguna de que el caso tenía el potencial extraordinario para un ejercicio ejemplar de rendición de cuentas. Me equivoqué rotundamente. Yo pensaba que Atenco nos llevaría a fiscalías especiales y a comisiones de investigación del Congreso, en ambos casos locales y/o federales. Nada de eso, solo la Corte intervino y sin fincar responsabilidades individualizadas. Pensé que las evidencias visuales de los abusos, cometidos principalmente por parte de la policía, pero también en contra de ella, no dejarían espacio a la simulación. Recordé algunos de los grandes escándalos de Estados Unidos, como el de la corrupción masiva revelada en los 70 en Nueva York por Frank Serpico, o el provocado por la paliza a Rodney King en 1991 o bien el de la Unidad Antipandillas de Rampart a finales de la misma década, ambos en Los Ángeles. Todos estos casos que sentaron precedentes de sanción y aprendizaje. Nada de eso para el nuestro.

Nada. Un reporte de diciembre de 2010 firmado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SOS-Torture Network confirma que no hay un solo responsable castigado pese a que 47 mujeres reportaron haber sido objeto de violencia verbal y/o física, incluyendo violaciones orales, vaginales y anales durante el traslado del lugar de los hechos al penal, entre otras muchas graves denuncias de hechos ampliamente documentados sucedidos durante y después del operativo. Por lo demás, las imágenes televisivas confirman, sin espacio de duda alguna, el uso brutal de la fuerza policial contra personas que ya estaban sometidas y por tanto no representaban amenaza para los policías o terceros. El Pro Juárez e Insyde publicaron en 2006 un libro que colocó el caso en perspectiva de reforma policial democrática. El mismo incluye entrevistas a tres policías de la Agencia Estatal de Seguridad, quienes relatan cómo uno de los policías privó de la vida, con disparo de arma directo, a un niño desarmado, al tiempo que confiesan que muchos de quienes intervinieron no contaban con capacitación alguna para hacer control de multitudes. Hace algunas semanas la policía en Inglaterra abusó de su fuerza en contra de ciudadanos, principalmente jóvenes. A consecuencia de ello, el primer ministro británico David Cameron pidió la asesoría de William Bratton, afamado ex jefe policial de Nueva York, Boston y Los Ángeles. Bratton declaró a la agencia de noticias AP que Cameron ve esta crisis como un camino hacia el cambio. En efecto, eso son los escándalos policiales, siempre y cuando haya voluntad política e instituciones que lo garanticen.

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