Peña Nieto y Obama: tiempo de honestidad

En México los derechos humanos unifican en el discurso y dividen en la realidad. En general, las autoridades y la sociedad civil organizada para la promoción y defensa de los derechos humanos (DH) interpretan y enfrentan el conflicto con éstos de manera muy distinta e incluso contradictoria. He aprendido que esas diferencias se colocan por encima de la evidencia empírica. En otras palabras, tener enfrente una crisis humanitaria no significa que así se le perciba, o así se le quiera percibir, en particular desde el poder público.

México se colocó en el ejemplo extremo de la descomposición asociada a los DH y sin embargo aún hoy el discurso político no atina a reconocerlo. En mi caso, no sólo recibo todos los días testimonios de las víctimas sino además acumulo una colección de entrevistas con operadores bajos, medios y de primer nivel de las instituciones públicas del sector de la seguridad y la justicia penal, quienes durante cuatro sexenios me han confirmado un proceso expansivo de riesgos y daños contra los derechos fundamentales. Además, soy testigo de la victimización dentro y fuera de esas instituciones. Lejos de lo que muchos creen, el problema no es únicamente el abuso de la autoridad contra los gobernados; en realidad una lectura más profunda enseña que el abuso de la autoridad contra sus propios operadores constituye uno de los soportes del problema sistémico. En el caso de las instituciones policiales, la fórmula es tan evidente como absurda: a sus operadores se les pide hacer valer la ley y los derechos humanos, siendo ellos mismos ciudadanos de segunda a los que no se les garantizan derechos mínimos acordes a su labor.

Obama visita un país que transita por la disfuncionalidad generalizada de los aparatos de seguridad pública y justicia penal. Incluso el derecho más valioso, el derecho a la vida, está disponible sin consecuencias en muchos lugares del país y para amplias poblaciones. La pregunta es, dónde colocarán esto (los presidentes) en la agenda de la visita. Pero antes incluso la pregunta a cada mandatario debiera ser si en efecto valida la existencia de una crisis sistémica en materia de derechos humanos. Y aquí es donde a mi entender nos colocamos ante los principios éticos de cada uno de ellos, principios donde se debe colocar la verdadera y fundamental autoridad política de Barack Obama y Peña Nieto.

Lo siguiente es el tema de las fuentes de información y aquí hay un problema mayúsculo y estructural: Peña Nieto no alcanza a medir la dimensión del conflicto en torno a los derechos fundamentales por la sencilla razón de que las propias instituciones cuyos operadores incurren en abusos no cuentan con sistemas de información fiables y tampoco permiten la evaluación sistemática de su desempeño desde entidades externas, oficiales o independientes. En términos de diseño institucional y de cara a los DH, éste es el primer y más importante problema. Así como sabemos que estamos ante un problema sistémico, gracias a la multiplicación exponencial de testimonios de las víctimas, también sabemos que las instituciones señaladas mantienen su decisión histórica de aproximarse marginalmente a los DH.

En el caso de la policía y las Fuerzas Armadas la evidencia en este sentido es clara: el despliegue operativo de esas instituciones no incluye mecanismos complejos de control que prevengan y sancionen los abusos; no por otra cosa la información en cadena de mando en las intervenciones se mantiene básicamente en la oralidad, lo cual coloca a esas entidades a la zaga en materia de control democrático de uso de la fuerza. Es tiempo de la honestidad ante la crisis de los DH, señores presidentes. Y lo más honesto, creo, sería escuchar a las víctimas. Lo más honesto y, sobre todo, lo verdaderamente ético.

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