Peritaje de Insyde en la defensa de «campesinos ecologistas»

Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores emprendieron hace diez años la defensa ambiental de los bosques de Petatlán (Guerrero), activismo que les costó ser torturados, encarcelados y, finalmente, el exilio. En la actualidad reclaman justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿El acusado? El Estado mexicano. ¿Los cargos? Tortura y violación de sus derechos humanos.

Su defensa legal fue asumida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Centro Prodh), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las cuales encomendaron a Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, el peritaje que presentaron en audiencia pública ante la CIDH [agosto 26, 2010, San José, Costa Rica]. El siguiente paso es que la Corte analice el alegato de ambas partes y dicte una sentencia.

El calvario de Teodoro y Rodolfo comenzó en 1995, cuando Rubén Figueroa Alcocer, entonces gobernador de Guerrero, otorgó al corporativo estadounidense Boise Cascade derechos ilimitados para explotar los bosques de Petatlán.

En tres años, según Rodolfo, «casi habían terminado con varios ríos y manantiales por la tala inmoderada, porque no sólo cortaban y se llevaban los árboles sino que después metían lumbre al terreno, y los caciques aprovechaban para sembrar zacate para su ganado».

Así, en 1998, los dos líderes impulsaron la creación de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuya de Catalán. Bloquearon caminos y documentaron la complicidad de caciques de la Unión de Ejidos Rubén Figueroa, quienes falsificaban sellos de autoridades ambientales.

En medio año, Boise Cascade se marchó de la zona. Los campesinos habían ganado, o eso parecía: la Unión de Ejidos Rubén Figueroa, argumentando la presencia de grupos armados, solicitó la presencia del Ejército. El 2 de mayo de 1999, Teodoro y Rodolfo fueron detenidos por militares del 40 Batallón de Infantería.

«Permanecieron 48 horas en el puesto de mando militar que el Ejército improvisó a las orillas del Río Pizotla. Los militares fabricaron pruebas y los obligaron a firmar declaraciones autoinculpatorias», apunta Jaqueline Sáenz, coordinadora del Área de Defensa del Centro Prodh. Al cabo fueron acusados de sembrar mariguana y portar armas de uso exclusivo del Ejército.

En el peritaje elaborado por nuestro director ejecutivo, Ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en su participación en labores de seguridad pública, se advierte que al ser llamadas las Fuerzas Armadas «a participar en tareas propiamente policiales, deben estar sujetas a los mismos estándares en materia de rendición de cuentas, transparencia y uso de la fuerza», así como a «controles internos y externos para garantizar el cumplimiento de tales obligaciones».

Consulte el peritaje

 

 

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