Persisten problemas de DDHH en Reglamento de Ley de Migración

  • En su elaboración, se simuló la participación de las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden a personas migrantes.

  • El Reglamento avalado deja vacíos que favorecen la discriminación y violación de los derechos humanos.

El Reglamento de la Ley de Migración que se publicó el pasado 28 de septiembre si bien incluyó algunos de los comentarios enviados a través de la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria (COFEMER) y mejora en algunos temas y procedimientos, no garantiza plenamente los derechos humanos de las personas migrantes que transitan y residen de manera temporal o permanente en México. Continúa habiendo vacíos que en la práctica se llenan con la aplicación discrecional de la norma por parte de las autoridades migratorias, así como diversas violaciones a los derechos de la población migrante por una falta de claridad en el texto.

Para las organizaciones abajo firmantes, el Reglamento publicado no cumple totalmente con su objetivo de “promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen mayores beneficios que costos y el máximo beneficio para la sociedad”, ya que promueve una migración selectiva a través de los sistemas de puntos y cuotas, sin facilitar o hacer frente de manera integral a la totalidad de los flujos migratorios que transitan por el territorio nacional. Se limita a su gestión, y ello sin innovar en temas como alternativas a la detención. Tampoco se avanzó del todo en la protección a grupos en situación de vulnerabilidad, como la niñez migrante, las personas con VIH, entre otros.

Si bien se hace un esfuerzo por mejorar en la protección de los derechos de la población migrante, se queda corto y, en algunos casos, la generalidad de su texto limita el acceso a dichos derechos. Tal es el caso de temas como la segunda revisión y el rechazo, en los que comunicar a la persona de su derecho a la protección consular no basta para garantizar su derecho a la defensa, como argumenta la Secretaría de Gobernación (Segob) en su respuesta al Dictamen de la COFEMER. De igual forma, persisten algunos requisitos para la regularización que la hacen inaccesible, como es el registro de los empleadores ante el Instituto Nacional de Migración.

En este sentido, enfatizamos que la falta de un espacio verdadero de discusión y construcción de acuerdos dejó como resultado un texto en el que varias de las propuestas presentadas a la Segob y a COFEMER perdieron fuerza y coherencia en el reglamento al incluirse de manera aislada y/o parcial.

Además del Reglamento, ha habido otras iniciativas, como la creación de la Unidad de Política Migratoria, la reestructuración del INM y la creación de dos consejos, uno técnico y uno ciudadano. La Segob mencionó que la demanda de participación queda satisfecha a través de la Unidad de Política Migratoria y de la creación del Consejo Ciudadano. No obstante, del texto no se define cómo van a interactuar estas dos entidades; sobre el Consejo Ciudadano no se mencionan, entre otras cosas, quién convocará a las personas que integrarán el Consejo; criterios o perfiles de selección; mecanismo por el que se seleccionará a integrantes y quién seleccionará; finalmente, no hay claridad sobre las propuestas que deriven de este consejo a quién se dirigirán y quién las atenderá.

Por otra parte4, es preocupante que se publique sin considerar las iniciativas de reforma a la Ley de Migración que se encuentran en el Congreso, así como las normas secundarias que subsanen la inoperancia o en su caso discrecionalidad en la aplicación tanto de la Ley como del Reglamento ya que en las condiciones en las que se avaló, se contradice el espíritu de garantía y protección de los derechos humanos con el que se creó la Ley y ubica a las personas migrantes en un limbo jurídico.

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