Poder Judicial del DF debe negar arraigo por inconstitucional

  • Califica TSJDF al arraigo de absolutamente incompatible con la Constitución y los tratados internacionales

  • Exhortamos al TSJDF a que, en consecuencia, inaplique la figura en cada solicitud de arraigo del Ministerio Público mediante el control difuso de convencionalidad

Pese a que la reforma penal de 2008 representa un importante avance en la ampliación de los derechos procesales en México, trae junto al nuevo sistema acusatorio, oral y adversarial algunas figuras que, como el arraigo, se han convertido en elementos regresivos, excepciones regularizadas que impactan negativamente los derechos humanos sin discriminar si se afecta a personas inocentes o culpables.

El arraigo se aplica sobre personas en contra de las cuales el Estado no cuenta con ninguna prueba contundente en un momento previo al inicio de un proceso penal, es decir, primero se arraiga y después se investiga. Ello deja en un limbo jurídico a las personas que son sometidas a esta medida.

En su visita a México en 2008, el Subcomité de prevención de la tortura de la ONU afirmó que en una gran cantidad de casos documentados se había verificado la comisión de tortura y detenciones arbitrarias en la ejecución de la medida, cifras que han sido corroboradas por instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y desde entonces a la fecha numerosos casos de tortura y arraigo han sido denunciados en el país, con lo que a la incompatibilidad de la medida con las reglas del debido proceso en un derecho penal democrático se suma el hecho de que el arraigo es una puerta abierta a la tortura de las personas afectadas.

El Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., Insyde, en el marco de la Campaña nacional para prevenir y erradicar la Tortura, envió una misiva al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, en la que se destacan sus recientes declaraciones en torno a la necesidad de revisar la figura jurídica del arraigo penal para su eliminación del ordenamiento jurídico, dada su notoria ineficacia como herramienta para garantizar el éxito de investigaciones penales consistentes, así como su absoluta incompatibilidad con las normas constitucionales y de tratados internacionales que reconocen derechos humanos, en los términos de lo dispuesto por el artículo 1º constitucional, reformado el 10 de junio de 2011.

Derivado de lo anterior, la Campaña Nacional para prevenir y erradicar la Tortura exhortó al Magistrado Elías Azar, y al TSJDF a resolver en sus fallos la absoluta negativa de otorgamiento de órdenes de arraigo al Ministerio Público adscrito a la PGJDF como directriz del Tribunal local por medio de la aplicación del control difuso de convencionalidad.

El control difuso

Nuestro país pasa de tener un modelo de justicia de control concentrado de constitucionalidad a un modelo de control difuso. En el primero, le competía únicamente a la SCJN decidir si una ley era constitucional o no a través de mecanismos previamente establecidos en ley. En este modelo se puede cuestionar la constitucionalidad de una ley en abstracto, sin que exista un caso en concreto o una controversia. A través de este tipo de control, cuando una ley se declara inconstitucional es derogada del ordenamiento jurídico, volviéndose inaplicable.

En el control difuso, todos los jueces nacionales, de todos los niveles y todas las materias tienen la obligación de realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones constitucionales, las leyes nacionales y los tratados internacionales de derechos humanos de los que México sea parte. En el supuesto que el juez estime que cierta disposición es inconstitucional o contraria a derecho internacional, podrá inaplicar la disposición en el caso concreto.

En este sentido, el Poder Judicial del Distrito Federal sería una institución pionera en la inaplicación de las normas relativas al arraigo penal, garantizando los derechos humanos de las personas en el proceso penal, incluyendo los actos de autoridad previos a juicio, y garantizando la integridad de las personas que estuvieran privadas de la libertad.

Por todo lo anterior, celebramos la posición del presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, sobre la absoluta incompatibilidad del arraigo con respecto a las normas que reconocen derechos humanos en la Constitución y los tratados internacionales, y manifestamos nuestra intención de acompañar el proceso de control jurisdiccional para inaplicar la figura del arraigo como medida previa a su eliminación del ordenamiento jurídico, que deberá tomar lugar en breve en el seno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

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