Policía en México: la autogestión de la fuerza

Para un observador promedio el asunto es claro: la policía está para darnos seguridad y lo que hay que hacer es poner tantos policías en la calle como sea posible, así de sencillo. En cambio, para el observador atento el asunto es muy distinto porque descubre que la policía a veces protege al ciudadano, en ocasiones se cuida a sí misma, otras cuida los intereses de grupos criminales o bien de élites públicas y privadas. Quienes monitorean a la policía y los que la representan saben que la función policial opera siempre llena de contradicciones y tensiones entre sus tareas, ya sean ordenadas por la ley o bien construidas desde la práctica. Por eso, desde hace casi medio siglo las democracias más consolidadas lideran la construcción de diseños institucionales policiales encaminados a resolver estas contradicciones y tensiones, buscando controlar a la policía para que proteja a los ciudadanos en igualdad de circunstancias y evite así construir clientelas preferenciales.

El más importante activo de la policía es al mismo tiempo su mayor debilidad; me refiero a sus poderes de uso de la fuerza. Cuando éstos sirven a la protección ciudadana son una de las más potentes defensas de la vigencia del Estado democrático de derecho, pero cuando los poderes policiales de uso de la fuerza funcionan en beneficio de la propia policía o de grupos de interés, entonces el daño al régimen es incomparable. La policía constituye en sí misma un gran activo y un alto riesgo. No por otra cosa la teoría, las técnicas y la tecnología para el control de la policía han evolucionado de manera extraordinaria en medio siglo. Las condiciones de la policía en un Estado democrático de derecho se reducen en última instancia a la distancia que existe entre las normas y las prácticas cuando ella ejerce sus poderes de uso de la fuerza. Si las normas y las prácticas coinciden estamos ante instituciones policiales democráticas. Serán de corte autoritario si sucede lo contrario.

La regla de oro de un sistema moderno y democrático de control policial es la documentación del quehacer de los policías. Si un policía realiza su jornada sin documentar lo que hizo no hay oportunidad de control, pero si la falta de documentación incluye hechos que involucraron el uso de la fuerza, entonces la fractura es mayor y estamos ante instituciones policiales convertidas en amenaza extrema. Entregar a la policía el poder de la fuerza para dejar que ella lo administre desde la informalidad es tanto como renunciar a su control democrático. En el otro extremo está la máxima formalización posible de la documentación, la supervisión, la evaluación, el reconocimiento, la sanción y el aprendizaje en torno al uso de la fuerza, soportado todo en un balance y complementariedad de mecanismos internos y externos a la propia policía. Se trata de modelos complejos que comienzan por el protocolo que el propio policía que usó la fuerza debe cumplir para documentar su conducta. Por ahí empieza el asunto, luego interviene la institución misma para revisar los hechos y lo más avanzado en las democracias ha sido crear supervisores externos que también pueden revisar lo sucedido (auditores policiales).

¿Cuál es el estado de la policía en México, con respecto a todo lo anterior? En cuanto al diseño formal, en general aún está por construirse el portafolios completo que va desde las leyes hasta los procedimientos operativos, pasando por los estándares y protocolos. El ciclo formalizado que permite el verdadero control aún no existe. En cuanto a las prácticas el asunto es peor; los indicios hablan de un descontrol creciente pero ni las instituciones policiales ni actor externo alguno alcanzan a ver la dimensión del problema.

Los gobiernos han decidido dejar a la policía en la autogestión de sus poderes de uso de la fuerza e impedir el escrutinio externo al respecto. De no cambiar esto, el aparato policial continuará debilitándose colocado cada vez más en el lado de los problemas asociados a la inseguridad y la violencia.

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