Policía Federal, televisión y auditor

La televisión construyó la culpabilidad anticipada de Florence Cassez y millones cayeron en la trampa. Genaro García Luna y su equipo son los autores intelectuales de esa operación mediática que habilitó un ejército de linchamiento vivo durante años y representado por las huestes que afuera de la Corte ya mostraban cartulinas que agregaban una nueva condena: Cassez asesina, además de secuestradora, anotaron. Televisión reducida a apéndice de un proyecto político-policial que sigue avanzando. Montaje estigmatizante, juicio mediático y medalla de popularidad. La Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF) en manos del mismo timonel que regularizó el uso de la televisión para exponer en pasarela a personas cuyos derechos deben esperar a que los noticieros entren en los millones de hogares, donde florece la certeza, así sea momentánea, de que los criminales caen en las redes de la justicia. Por unos momentos, la desesperación masiva de la inseguridad parece amainar con ese ansiolítico recetado en las imágenes de los detenidos.

Nada hay de malo en que la policía busque construir una buena imagen. Al contrario, es parte de su trabajo para lograr el apoyo y la confianza social. El problema es cuando la imagen y la realidad no coinciden, justo como sucedió en el montaje del caso Cassez. Los principios constitucionales de actuación policial son legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad y respeto a los derechos humanos. Ninguno pasó la prueba aquella madrugada. En todo caso, la historia muestra que la policía jamás conseguirá mediante una imagen lo que no consigue en la realidad. Pero los intentos ciertamente no paran. He visto instituciones policiales en África, Europa, EU y Sudamérica lavándose la cara en los medios y ensuciándose las manos en la calle. Encubrir errores es parte de la vida policial. Construir montajes no. Y mucho menos que se reconozca el mismo oficialmente y no pase nada.

No lo hemos querido entender y lo estamos pagando. La PF tiene espacios de autonomía política y operativa que la colocan al margen de los controles democráticos necesarios para garantizar su eficiencia, eficacia, legalidad y legitimidad. Las demás policías en el país padecen similar situación, pero no cuentan con los recursos multimillonarios asignados a aquélla. Nuestro sistema político procesó la creación de poderosas facultades legales y capacidades operativas para la PF, dejando al margen la construcción de controles también fuertes. Ahí está el resultado. Ninguno de los ministros discute que hubo montaje y no hay certeza alguna de la activación de mecanismos que impongan las consecuencias a sus autores. El desbalance entre poderes y controles policiales es abismal. Poder policial operativo que escala hasta el respaldo político abierto del presidente Calderón.

El Presidente renuncia al control político sobre quienes son responsables de conductas desviadas que han sido oficialmente reconocidas como tales. Alineada, la PGR se inhibe de actuar. Con ello, el Ejecutivo cede un espacio de autonomía operativa de dimensiones desconocidas que nos impide saber qué hay detrás de las imágenes de la PF.

El 9 de agosto pasado entró al Senado la propuesta de creación del auditor especial de las Policías Federales. Avanza la elaboración del dictamen. Nacerá un mecanismo independiente de evaluación policial que no podrá ser sometido por el Ejecutivo. Muchos saldos negativos graves arroja hasta ahora el caso de Florence Cassez; uno muy positivo es la certeza de la urgencia para la aprobación y puesta en marcha del auditor.

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