«Presunto culpable y el periodismo»

Columna de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, febrero 20, 2011

En un hecho sin precedentes, llegó a la cartelera comercial la película Presunto culpable, trabajo que visibiliza el desastre del sistema policial y penal mexicano mediante la presentación de un proceso judicial real. Tengo enormes expectativas en su impacto social y político. Recuerdo la manera como nos estremecíamos en aquel preestreno de hace algunos meses; la frustración, la impotencia, la incredulidad, el llanto, la rabia, la risa y el júbilo entre la audiencia. La película nos permite aventurarnos por los pasillos del Ministerio Público, los juzgados y la prisión, y testificar de manera directa la fabricación de un culpable. Presunto culpable detona una veta analítica descomunal. De entrada, la película permite preguntarnos cómo es posible que una persona pueda ser perseguida, acusada y condenada en sentencia privativa de libertad, sin que se haya demostrado su responsabilidad en el delito que se le imputa. O bien, ¿qué actores intervienen en la construcción de las condiciones que permiten que algo así suceda?

Creo que las responsabilidades comienzan, desde luego, en los operadores institucionales que administran día a día a la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario y reproducen las prácticas que de facto colapsan el principio de presunción de inocencia. Pero en torno a esos operadores existen amplios y sólidos cinturones de tolerancia que no sólo penetran a los gobiernos sino también a la sociedad misma. En este segundo caso subo a la mesa la siguiente pregunta: ¿cuál es el rol de los medios periodísticos en el atropello del principio de presunción de inocencia?

La única razón por la cual el protagonista de Presunto culpable salió de la prisión es porque el juez de segunda instancia vio el video de las actuaciones ministeriales y judiciales de la primera instancia; si esto no hubiera pasado, la instancia de revisión habría basado su decisión en constancias por escrito que ni de lejos reflejaban lo que las cámaras habían develado. En una palabra, la cámara liberó al «presunto culpable». El punto de quiebre que impidió que a esta persona le pasara lo mismo que a decenas de miles más fue la visibilidad de su caso. Sin esos Abogados con cámara, Roberto Hernández y Layda Negrete, es razonable anticipar que nada distinto habría sucedido y la segunda instancia habría confirmado la sentencia condenatoria.

El hallazgo nos obliga a dirigir la mirada hacia los medios noticiosos, por la sencilla razón de que ellos representan un potencial insustituible como recurso democrático, o antidemocrático, capaz de visibilizar, o invisibilizar, regularmente esa tragedia que va mucho más allá del caso mostrado en la película apenas estrenada. En un escenario óptimo, los medios pueden acercar de manera regular y a todos la narrativa que reproduce la endémica violación al principio de presunción de inocencia. Los cineastas no. Presunto culpable debe entonces detonar esta reflexión al interior y en torno a los medios informativos, a efecto de activar el cambio en su aproximación a los aparatos policial y penal. Ésta es una oportunidad para insertar a los medios en un debate público que los lleve a nuevas reglas en la construcción de noticias sobre eventos que vulneran el principio de presunción de inocencia. El diagnóstico detrás de esta interpelación a los medios incluye, por ejemplo, la evidencia de que el periodista promedio que cubre la fuente policial y penal ignora este principio que está en la base misma del Estado de derecho o lo conoce y lo desvalora. Incluye la evidencia de que los medios de comunicación no reparan en el hecho de que sus periodistas señalan responsabilidades penales un día sí y otro también en contra de quienes no han sido juzgados y condenados.

Presunto Culpable es una llamada de atención en muchas direcciones, una de las cuales alude a los medios y los periodistas. Desatar su potencial de contrapeso democrático en torno a los aparatos policial y penal reside en un cambio preciso: las empresas noticiosas y sus representantes deben empezar por dejar de construir presuntos culpables ellos mismos y detener su función de correas de transmisión de quienes así lo hacen desde las instituciones públicas y desde la sociedad misma. Los métodos y referentes profesionales y deontológicos para lograrlo los tienen a la mano.

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