Pronunciamiento de la RED sobre Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

«Acciones aisladas y descoordinadas las propuestas del Acuerdo Nacional por la Seguridad». La Red de Especialistas en Seguridad Pública considera que las 74 iniciativas son acciones aisladas y descoordinadas, que no se ajustan a un plan integral y estratégico de combate al delito y mejoramiento de la seguridad pública. Ante este panorama, propone pautas para diseñar una política de Estado con apego a la legalidad, que confronte de raíz la impunidad, priorice resultados sobre acciones y construya puentes de confianza con los ciudadanos.

La Red de Especialistas en Seguridad Pública, integrada por 65 académicos de distintas universidades del país y 30 organizaciones civiles que comparten una visión en la que la seguridad pública es un tema indispensable para la concepción de una sociedad respetuosa de los valores democráticos y los derechos humanos, se pronuncia en torno al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, pactado entre el poder ejecutivo federal, legislativo y judicial; entidades federativas y diversos sectores de la sociedad civil organizada [agosto 21, 2008].

Luego de un meticuloso análisis, la Red considera ineficaces las 74 iniciativas incluidas en el Acuerdo, pues únicamente enfatizan una visión de ley y orden, y no identifican, por ejemplo, la impunidad de las autoridades que pudieran ser cómplices de la delincuencia como una de las deficiencias medulares, además de que las propuestas planteadas no se ajustan a un programa de combate al delito integral y de largo aliento, pues cien días o dos años no son suficientes para alcanzar resultados decisivos.

De forma desinteresada y apolítica, la Red propone algunas pautas importantes a considerar en la ejecución de un plan por la seguridad pública, entre las que destacan aplicar un diseño que garantice la instrumentación de la reciente reforma penal y una lucha frontal contra la impunidad de las autoridades, la creación de un Observatorio Ciudadano, reformar las instituciones encargadas de combatir y castigar la delincuencia (policías, procuradurías y tribunales), y no incluir al Ejército como protagonista en el mejoramiento de la seguridad pública, sino reservarlo para las tareas que le son propias.

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