Refundación constitucional de la seguridad

Columna de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, noviembre 28, 2010

El Congreso de la Unión tiene en sus manos la iniciativa de reforma constitucional, enviada por Calderón, que intenta asignar el mando policial estatal único a los gobernadores. Propongo introducir los siguientes aspectos en la deliberación en curso. La tendencia dominante en el mundo para resolver los problemas de la seguridad es empoderar las capacidades municipales para la gestión de conflictos, dejando a las autoridades estatales y federales la intervención subsidiaria, en eventos que rebasan la capacidad local. La primera y más importante discusión, por tanto, no es quién controla el mando policial, sino cómo aseguramos que los municipios y sus habitantes aprendan a coproducir seguridad, mediante procesos participativos de prevención del delito y la violencia. Por tanto, la propuesta abre la oportunidad para, por fin, centralizar a tal prevención en la base de las políticas públicas locales para la seguridad.

Una vez definido este basamento local, entonces ya podemos preguntarnos qué policía queremos. Esta pregunta antecede a la pregunta que se hizo el Presidente en la iniciativa, a saber, cómo organizamos a la policía. Nuestras instituciones policiales no dan los resultados esperados por muchas razones, pero la primera es que no nos hemos preguntado, como Estado, qué policía queremos, como sí lo hicieron, por ejemplo, España y Colombia, justamente en el nivel constitucional. Es momento para que el Congreso conteste esta pregunta que recae en el ámbito de la doctrina policial, espacio donde se insertan los valores superiores que inspiran todo el modelo; por ejemplo, podemos decir, como hizo España, que queremos una policía que proteja el ejercicio de los derechos y las libertades —los principios de actuación que ya existen no resuelven la misión constitucional de la policía. Una vez insertados a la Constitución el basamento local de la prevención y el vértice doctrinario de la policía, entonces ya es posible bajar al nivel del esquema general de distribución de atribuciones y organizacional. Pero los legisladores no deberían proponer una respuesta en estos aspectos, sin antes contar con información de calidad que les permita saber con precisión por qué las leyes y las prácticas policiales no coinciden. El valor del diagnóstico es crítico. Si los legisladores no entienden los problemas de la policía, mucho menos crearán un modelo constitucional que permita resolverlos.

La iniciativa de Calderón apenas navega por la superficie de la debilidad estructural de estas instituciones. Propongo que los legisladores miren el diagnóstico, al menos en tres planos: político, institucional y social. En el primero, encontrarán que detrás de una mala policía hay una mala decisión política; es decir, el primer afluente de la debilidad policial es la errónea conducción política en la materia (la contaminación política del quehacer policial es la queja más frecuente de los mandos policiales). En el segundo, encontrarán que el diseño y las prácticas policiales no se soportan en sistemas de rendición de cuentas, por lo que no hay consecuencias del buen y mal desempeño. En el tercer plano hallarán que la policía está, en palabras de María Eugenia Suárez de Garay, “en el aislamiento social”. Estos planos presentan dilemas severos para los legisladores porque la reforma constitucional, aun la mejor posible, se quedará corta ante la necesidad de una reingeniería policial sistémica que reconstruya la relación entre autoridades políticas electas y policía, el diseño institucional y la relación con las comunidades a las que debe servir. Ante tal desafío, el texto constitucional debe incluir: 1) el basamento local de las políticas públicas de la seguridad centrado en la prevención; 2) la orientación doctrinaria de la policía en línea con el régimen constitucional de derechos; 3) el sistema de pesos y contrapesos para inhibir la contaminación política de la policía; 4) los mínimos para asegurar la inserción en ella de sistemas de rendición de cuentas, y 5) los mínimos constitucionales que centralicen al ciudadano en la misión policial para, por esa vía, reinsertar socialmente a la policía.

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