Seguridad, justicia y adolescentes en Morelos

Columna de Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo de Insyde, en El Universal, febrero 6, 2011

El próximo miércoles 9 de febrero se pondrá en operación en Cuernavaca, Morelos, la primera Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes en México y América Latina. Se trata de un órgano administrativo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y responsable de aplicar las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, específicamente en beneficio de los adolescentes sujetos a proceso. Luego de 50 años de experiencia acumulada fuera de México en esta materia, el estado de Morelos inserta al nuestro entre los países que utilizan modernos instrumentos para reducir el uso irracional de la prisión preventiva, sin descuidar la seguridad de todos.

En México la población penitenciaria se duplicó en sólo nueve años, pasando de 104 mil reclusos en 1996, a 213 mil en 2006. Este incremento ha resultado superior al de la población general: de ser un país que durante más de dos décadas (1972-1996) se mantuvo entre 80 y 100 prisioneros por cada 100 mil habitantes, en el 2006 dicha proporción era de 203 reclusos. La crisis de buena parte de los espacios de aprisionamiento en México es de todos conocida. Corrupción, mercados ilegales y violación a la ley y a los derechos humanos campean. Es un microcosmos de autogobierno, inseguridad, injusticia, desigualdad, abuso y violencia.

En ese mundo tenemos hoy 92 mil personas que están ahí no porque sean culpables de un delito, sino porque están sujetos a un proceso para averiguar si lo son o no. Esto es, cuatro de cada 10 personas de la población penitenciaria del país, no han sido condenadas. La presencia de esas personas en prisión preventiva genera costos equivalentes al ingreso promedio anual de 91 mil familias mexicanas. Sólo para los detenidos, el costo es de 2 mil millones de pesos. Para el erario público, la prisión preventiva tiene un costo superior a 9 mil 750 millones de pesos anuales, es decir, seis de cada 10 pesos del presupuesto federal destinado a la seguridad pública. El saldo es contundente: más gente en prisión no nos ha ofrecido más seguridad y justicia y, por el contrario, muchas de las personas que entran se profesionalizan en el crimen justamente dentro de las prisiones.

El gobierno de Morelos ha tomado una decisión histórica dando un salto al futuro. Con fundamento en la reforma constitucional del 2008 y en varias reformas a las leyes del estado y luego de un trabajo de tres años de preparación, un equipo multidisciplinario de profesionales jóvenes capacitados pondrá en marcha esta oficina el próximo miércoles, encargándose de aplicar una evaluación técnica y objetiva sobre las condiciones sociales y ambientales de cada imputado adolescente. La evaluación será entregada a las partes en el proceso para que éstas la utilicen en sus argumentos en la audiencia de medidas cautelares. Ahí, el juez decidirá qué condiciones deben aplicar durante el proceso. En caso de que el adolescente siga su proceso en libertad, la Unidad de Medidas Cautelares será responsable del seguimiento y acompañamiento del mismo, a efecto de asegurar que cumpla con las condiciones judiciales y comparezca en tiempo y forma hasta la conclusión del proceso. En Morelos nunca más irán a prisión los adolescentes que no implican riesgos para la seguridad de todos. Todo lo contrario, se reducirá el riesgo potencial de someter a los adolescentes a escenarios de riesgo asociados a graves manifestaciones criminales.

Bajo el liderazgo del gobernador Marco Antonio Adame Castillo y del secretario de Seguridad Pública general de División retirado Gastón Menchaca Arias, así como del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, más de ocho unidades administrativas se han involucrado en este exitoso proceso, con la asistencia técnica, a través de un convenio de colaboración, del Proyecto Presunción de Inocencia en México de Open Society Justice Initiative y del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). El Programa de Seguridad y Justicia de USAID-MSI participó también con asistencia técnica y capacitación en diversas etapas. Ya está en proceso la creación de un red nacional y latinoamericana de unidades de medidas cautelares para adolescentes y también para adultos. Morelos será uno de los líderes en el proceso, retribuyéndosele así esta valiente y trascendente decisión.