Seguridad: quedó a deber

La carga histórica reciente obliga a leer el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), al menos en el capítulo denominado “México en paz”, desde un altísimo estándar de exigencia. Uno quiere encontrar en el PND la ruta al mismo tiempo ambiciosa, clara y viable para construir una nación libre de violencia. El deseo, a la luz de la historia, quizá es simplemente irracional; los planes sexenales suelen estar saturados justamente de buenos propósitos y dejan a los programas sectoriales la tarea de construir los mapas de ruta, cosa que muchas veces tampoco sucede.

Pero la impronta de nuestra historia reciente no permite exigir menos: México perdió el rumbo en materia de seguridad y hace falta saber cómo lo habremos de recuperar. Un desafío de tal portento hace imperativo exigir ahora, más que nunca, del documento apenas dado a conocer.

No es el PND que yo esperaba. Mi más grande decepción es la inexistencia del concepto de seguridad ciudadana, mismo que encierra un paradigma ampliamente reconocido en América Latina como una de las más grandes conquistas democráticas, justo en la medida que orienta políticas pública, perfiles y prácticas institucionales de la seguridad hacia la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Sí en cambio, el PND abraza una perspectiva de la seguridad nacional que comienza por el despropósito de calificarla como “un derecho fundamental de los ciudadanos”, hasta llevarla a una identidad expansiva cuyos límites simplemente desaparecen. Leemos ahí: “Una política integral de Seguridad Nacional del Estado Mexicano, en su aspiración por tutelar e impulsar los intereses estratégicos nacionales, deberá atender todos aquellos factores que puedan vulnerar el elemento humano del Estado”. Discusiones conceptuales estériles, pensarán algunos. Nada de eso, la inexistencia de la seguridad ciudadana y el enfoque omnímodo de la seguridad nacional son dos caras de una misma moneda que podrían expresar aspectos centrales de la plataforma ideológica del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El PND se asoma con extraordinaria timidez a los errores del Presidente Calderón, afirmando que “en años recientes” el combate frontal a la delincuencia organizada creó vacíos de poder en ella, lo cual incrementó la violencia. Igualmente pusilánime es el abordaje en este capítulo al conflicto con los derechos humanos: “A pesar de los esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos”. Acaso estos diagnósticos llevan al Plan a un punto de partida que por tibio resulta irreal. Lo cierto es que la violencia privada e institucional y su costo en materia de derechos humanos constituyeron una crisis social de proporciones descomunales y el PND no traza una ruta para superarla que en efecto pueda ser ponderada con el análisis. Hay conceptos y propósitos, pero no hay una ruta.

 

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