Sistema penitenciario y capitulación del Estado

Uno pensaría que el colapso del Estado de derecho y la violencia estructural y la privada tienen un límite. Tal vez. El problema es que en México aún no sabemos cuál es éste.

En el marco de la fractura sistémica de los aparatos de seguridad pública y justicia penal, aparece en escena una nueva y desgarradora fotografía de los espacios de encierro penal en el país. Nada nuevo, si bien la descomposición es cada vez más grave. En la década de los noventa ya circulaban sólidos reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que documentaban el caos interno, la violación sistemática de esos derechos, la proliferación de mercados ilegales y el autogobierno en el sistema nacional penitenciario. Ahora la historia se repite y el doctor Raúl Plascencia Villanueva, Ombudsman Nacional, concluye que quienes han sido recluidos por un delito no tienen oportunidades para la reinserción social.

Agrego que el problema va más allá. Titulares de organismos públicos de derechos humanos locales afirman que las prisiones producen delincuencia. No puede ser de otra manera, cuando nos informa la CNDH que 60% de las cárceles municipales y estatales del país priva el autogobierno o el cogobierno con la delincuencia organizada; además, internos en 16 estados del país controlan al menos 60 prisiones.

Ayer la CNDH presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, mismo que “consistió en un muestreo de los 100 establecimientos penitenciarios más poblados del país, que incluyen centros varoniles, mixtos y de mujeres en las 32 entidades federativas, y cuya población total asciende a 161, 823 internos, lo que representó al momento de levantarse la muestra, el 75.10 % de la población total penitenciaria”.

Vaya paradoja: en teoría, es a cielo abierto, no en espacios cerrados, donde el Estado tiene la más difícil labor para mantener la seguridad, hacer cumplir la ley y garantizar el respeto de los derechos humanos. En efecto, los espacios abiertos son en mayor o menor medida imposibles de controlar y por eso nunca existe una condición absoluta libre de riesgos; pero en México nos la hemos arreglado para invertir la fórmula y es justamente en los espacios cerrados donde el Estado capitula con la mayor contundencia. Entre paredes, donde se puede saber quién está y en dónde, donde se puede saber qué entra y sale, donde se pueden medir los riesgos con precisión, donde se pueden crear ambientes controlados para la administración de riesgos, donde se puede separar a la población en función de esos riesgos, donde se pueden hacer intervenciones preventivas y correctivas con márgenes de error cada vez más reducidos, donde se puede imponer la violencia de Estado para contener la violencia privada de manera inmediata, donde se puede garantizar el acceso al trabajo, la educación, la salud y el deporte, es justo allí donde se reproduce el microcosmos de la captura expansiva del Estado a manos de la delincuencia organizada y del desastre en el que se encuentra nuestro Estado de derecho.

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