Urge el auditor policial federal

La crisis policial en México está desfondada. Las instituciones policiales en nuestro país han quedado apabulladas por la manipulación política, el abandono del Estado, el aislamiento social y el embate de la delincuencia organizada.

El arquetipo del problema es Tamaulipas, con policías preventivos de rango básico que perciben un sueldo de tres mil 600 pesos al mes, o el hecho de que haya policías con sueldo seis veces menor al de otros que realizan la misma función. El sueldo por sí mismo no resuelve el problema policial, pero ningún policía hará bien las cosas sin un buen salario. Lo testifico todos los días: la policía sigue siendo maltratada en todos los frentes posibles. La he bautizado como un espacio residual porque funciona como depósito de la censura masiva; casi todos la ponen en un segundo plano o incluso la invisibilizan del todo. Los gobernantes reproducen lo necesario para colocar en la policía a quienes no tienen recursos para ser parte de una profesión, mientras que la sociedad cierra los ojos y da la espalda. El resultado no puede ser otro y las evidencias son contundentes: la policía y la sociedad mantienen una profunda desconfianza recíproca y sólo de manera excepcional y efímera colaboran. Está claro, hágase lo que se haga en otros frentes, jamás construiremos las comunidades seguras y libres de violencia que anhelamos.

La policía está, en consecuencia, secuestrada por decisores y decisiones que no le permiten evolucionar. No llega el acuerdo político necesario para refundarla y por eso no emerge la política de Estado para una seguridad y una policía ciudadanas. Salvo excepciones, tampoco aparece la focalización social para articular la presión organizada y masiva hacia tal fin. Transito por las entidades federativas y la constante que encuentro es la administración de los costos de la seguridad y la policía que tenemos. La decisión política es no enfrentar el cambio policial real, de lo cual se sigue la mecánica del bombero: se trabaja con la policía para apagar fuegos, para salvar las crisis, no para evitar que se repitan.

La propuesta de la UNAM en seguridad y justicia habla de avanzar hacia la reinserción social de la policía, idea que tiene tras de sí el cambio de paradigma de la seguridad y, adherido al mismo, el de la policía. Bajo el paraguas de la seguridad ciudadana, la policía se «ciudadaniza», es decir, se convierte en una institución de ciudadanos al servicio de otros ciudadanos, todos con plenos derechos. La propuesta tiene fundamentos empíricos y conocimiento comparado detrás. No es una fantasía.

Esa propuesta de la Universidad Nacional Autónoma y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se identifican en lo general en la visión de una policía democrática y, en lo particular, en la promoción de una nueva figura para México: la supervisión civil de la policía. Se trata de un mecanismo que ayuda a romper la brutal resistencia al cambio de las instituciones policiales y de sus responsables políticos, creando insumos para la mejora y asegurando las consecuencias ante los errores y abusos. Se trata de entregar parte de las funciones de supervisión y control sobre la policía a una entidad externa a la misma, autorizada para entrar y activar procesos de cambio.

La Policía Federal acumula problemas y no se abre al escrutinio real ni a la rendición de cuentas. Está en la ruta de la descomposición, más allá de que se le asignen todos los recursos del mundo. Si en efecto hay voluntad para consolidar sus fortalezas, requiere ser sujeta a la supervisión externa. El pasado 28 de julio en el Castillo de Chapultepec, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, acompañando al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, presentó ante líderes de todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión el anteproyecto de ley que crea el Auditor Especial de las Policías Federales. Los senadores José González Morfín (PAN), Carlos Navarrete Ruiz (PRD) y Manlio Fabio Beltrones (PRI), así como los diputados Alfonso Navarrete Prida y José Carlos Ramírez Marín (ambos del PRI) expresaron ahí su abierta aceptación a la propuesta. Ha llegado el momento de cumplir la palabra empeñada.

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