Urgente: Demandan seguridad para activistas sociales de Tlachinollan

El día de hoy, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que Vidulfo Rosales Sierra, abogado de la organización y beneficiario de medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), recibió en fecha reciente una amenaza anónima. El texto en cuestión hace alusión a los casos que acompaña la organización y señala: “LICENCIADITO DE MIERDA, DEJA DE DIFAMAR A LAS AUTORIDADES, YA NOS DEBES VARIAS EN TODO TE METES LA PAROTA, LAS DISQUE MUJERES VIOLADAS Y AHORA CON LOS VÁNDALOS AYOTZINAPOS CÁLLATE […] TE VAS A MORIR”.

Respecto de estos hechos, Tlachinollan presentó formalmente una denuncia de hechos ante la Encargada de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Lic. Martha Elba Garzón Bernal. Representantes de la organización y el propio abogado Rosales Sierra sostuvieron también una reunión con altos funcionarios del Gobierno del Estado de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre Rivero. Lamentamos que a dicha reunión no hayan asistido altos representantes del Gobierno Federal para refrendar compromisos y asegurar la eficacia de las medidas discutidas.

Las organizaciones nacionales e internacionales, defensoras y defensores de derechos humanos que suscribimos la presente externamos nuestra preocupación por las amenazas en contra del defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. Éstas constituyen una represalia directa al trabajo que dicha organización realiza colectivamente en la defensa y promoción de los derechos humanos de la población guerrerense desde hace más de 18 años.

El propio texto del anónimo hace ver que las amenazas están dirigidas a inhibir las actividades que el equipo de Tlachinollan despliega en acompañamiento de víctimas de violaciones a derechos humanos, en casos como la represión contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida apenas el pasado 12 de diciembre de 2011.

Por ello, demandamos a las autoridades estatales y federales que de manera inmediata y urgente se implementen de manera efectiva las medidas de protección solicitadas para garantizar la seguridad e integridad del defensor Vidulfo Rosales Sierra, la de su familia, así como la del equipo que conforma Tlachinollan. Asimismo, por las implicaciones de la amenaza y el degradado contexto guerrerense, se solicita que las autoridades estatales y federales lleven a cabo todas las acciones necesarias y de manera coordinada con los interesados para garantizar que la investigación sea efectiva. Mientras ello ocurre, el defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra, saldrá temporalmente del país. Para las organizaciones que suscribimos la presente, la situación que ahora enfrenta el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” es reflejo del deterioro de la situación en que los defensores y las defensoras realizan su labor a lo largo del país. Pese al publicitado anuncio de nuevos instrumentos como el mecanismo de protección a defensores y la ley recientemente aprobada en la materia, los hostigamientos y las agresiones contra activistas siguen acumulándose, orillando a algunos a dejar el país, sin que los gobiernos estatales y el Gobierno Federal implementen medidas efectivas de seguridad.

Por otra parte, a pesar de lo declarado por el Gobierno Federal, el mecanismo de protección en realidad todavía no existe hoy día. Es esencial que se ponga en marcha con la participación de altos representantes del gobierno federal para asegurar el diseño e implementación de las medidas de protección acordadas para asegurar su eficacia en las entidades federativas, donde las defensoras y los defensores enfrentan los más significativos riesgos.

El clima de adversidad para las defensoras y los defensores de derechos humanos en Guerrero se ha venido acrecentando en años recientes, como lo evidencian los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ocurridas en 2009; las amenazas contra Abel Barrera, reiteradas en 2010; la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, sucedidas en 2011 y la criminalización ilegítima del defensor Na Savi Maximino García Catarino, verificada apenas unos meses atrás, en el presente 2012. Todos estos casos quedan impunes, agravando la situación de inseguridad para los y las defensores. A efecto de impedir que se consumen atentados irreversibles contra el equipo de Tlachinollan, urgimos a la adopción urgente de medidas de seguridad y respaldamos la labor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier atentado en contra de sus integrantes.

Lee el comunicado de Tlachinollan

 

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