Urgente que seguridad, justicia y gobernabilidad sean prioridad en diseño de la Agenda de Desarrollo post 2015 de ONU

  • Durante los Diálogos por la Seguridad Ciudadana en México, organizaciones de la Sociedad Civil de Latinoamérica exigen la reducción de la violencia

  • El aumento de los índices de violencia y la inseguridad están minando las trayectorias de crecimiento económico regional

  • Con sólo 8% de la población mundial, la región registra el 36% de los homicidios registrados a nivel global

México D.F., 19 de noviembre de 2014. Las principales organizaciones no gubernamentales (ONG) de toda América Latina están pidiendo un mayor compromiso político de los gobiernos para prevenir y reducir la violencia y mejorar el acceso a la justicia.

Representantes de Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala y México firmaron una declaración regional en la que se exige que los temas de seguridad, justicia y gobernabilidad sean una prioridad en el diseño del programa de la Agenda de Desarrollo post 2015 que se negocia en la Organización de las Naciones Unidas.

El segundo encuentro de la Iniciativa Diálogos por la Seguridad Ciudadana reunió el 6 y 7 de noviembre en la Ciudad de México a representantes de América Latina, el Caribe y Sudáfrica para compartir iniciativas que han tenido un impacto positivo en la reducción y prevención de la violencia en estos países.

América Latina es el epicentro de la violencia, la impunidad y la corrupción. Con sólo el 8 % de la población mundial, registra el 36 % de los homicidios en el planeta, donde las y los jóvenes son especialmente vulnerables a ser asesinados. No obstante las considerables variaciones en la violencia letal, ningún país ni ciudad en la región es inmune al fenómeno.

La violencia contra mujeres y niñas también es un problema: 14 países de la región presentan las tasas más altas de feminicidio. Sin embargo, a pesar del amplio rango de las tasas de victimización, estos temas aún no se han reconocido como una prioridad política de la región.

Existen indicios de que los problemas de seguridad pública, justicia y gobernabilidad han aumentado en algunas partes de América Latina, incluyendo México. La reciente desaparición y posible ejecución extrajudicial de decenas de jóvenes estudiantes en Ayotzinapa en el estado de Guerrero, sureste de México, supuestamente cometidos por bandas del crimen organizado en colusión con agentes de la policía, está generando amplia indignación en el país. Mientras tanto, la masacre de brasileños por policías fuera del horario de trabajo en el estado de Pará, ha dejado al país en conmoción.

La región latinoamericana tiene una oportunidad mayor para redoblar esfuerzos en los temas de paz, seguridad, justicia y gobernabilidad en el desarrollo de la Agenda de Desarrollo post-2015. Aun cuando cuentan con diferentes puntos de vista e intereses, los países de la región comparten al menos tres prioridades comunes que deben reflejarse en el diseño de esta Agenda. Primero, el aumento de los índices de violencia y la inseguridad están minando las trayectorias de crecimiento económico regional; segundo, la confianza de la sociedad en las instituciones públicas está siendo erosionada por su incapacidad para hacer frente a estos desafíos y, tercero, los gobiernos están siendo socavados por la delincuencia organizada e interpersonal comprometiéndose de esta manera los derechos humanos fundamentales.

Grupos de la sociedad civil en toda América Latina están pidiendo un mayor compromiso con la prevención y reducción de la violencia, mejorar la seguridad y acabar con la impunidad. El 7 de noviembre de 2014, se firmó una Declaración Regional llamando a todos los países de América Latina y Caribe a tomar acción y proponer un modelo de desarrollo que pueda ser verdaderamente sostenible y que dé cuenta de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a vivir en un ambiente seguro. La Declaración, firmada por organizaciones no gubernamentales de toda la región, establece medidas concretas para hacer países, ciudades y pueblos más seguros.

“La inclusión de las prioridades de seguridad, la justicia y la gobernanza en la futura Agenda de desarrollo post-2015 es esencial”, afirma Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde. “Es una oportunidad sin precedentes para contener a nuestros gobiernos en la rendición de cuentas y pactar por el bien público más básico, la seguridad y la protección”. De acuerdo con Robert Muggah, director de investigación del Instituto Igarapé, “se asegurará de que las autoridades públicas se comprometan a reducir la violencia homicida, invertir en un mejor acceso a la justicia, que se adopten medidas para corregir la impunidad, fortalecer las instituciones responsables de la seguridad pública y más”.

La Declaración fue firmada en México con motivo de los Diálogos por la Seguridad Ciudadana, evento organizado por el grupo regional de organizaciones de derechos humanos conformado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde, en conjunto con el Instituto Igarapé de Brasil, Fundación Ideas para la Paz, Colombia y The African Policing Civilian Oversight Forum, Sudáfrica, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (International Development Research Centre), el Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-American Development Bank) y Saferworld, organizaciones que brindan atención a políticas y prácticas para revertir la violencia, inseguridad e injusticia en América Latina.

Para consultar la Declaración Regional clic aquí. También disponible en inglés y portugués.
Para obtener más información sobre la Declaración contactar a Alice Watson en alice@igarape.org.br

www.igarape.org.br

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