¿Y la narrativa de los medios?

Ante el escándalo del gobierno de Felipe Calderón en torno a las violencias, los medios escandalizaron; ante el silencio del gobierno de Enrique Peña Nieto, los medios callan.

Puestas las excepciones a un lado, estamos ante la evidencia irrefutable de la codependencia de los medios respecto a la agenda de la seguridad del gobierno en turno. El fenómeno tiene consecuencias mayores en detrimento de nuestra frágil democracia. La libertad de prensa y el derecho a saber quedan en entredicho en la medida que el marco de referencia que significa las violencias fluye desde el intérprete oficial. La discusión no es nueva, pero es prácticamente invisible precisamente porque los medios no le dan carta de naturalización. Vaya paradoja, los medios no discuten a los medios, o lo hacen de manera marginal y ello impide o debilita su aprendizaje y adaptación al cambio.

La masificación de las violencias encontró a empresas mediáticas incapaces de evolucionar hacia formatos de construcción de noticias acordes a la extraordinaria complejidad implicada en la descomposición institucional y social. A los medios de comunicación se les acabaron las herramientas, justo cuando necesitaban las mejores posibles. Por eso fueron la caja de resonancia del espectáculo de Calderón y por eso la vuelta de página que Peña Nieto le da al tema, es la misma que le dan esas empresas. Los extremos de manipulación política de las violencias hacen espejo en los vaivenes de la cobertura; el teatro de las detenciones a presuntos líderes de la delincuencia releva la necesidad de mayor argumentación: si tal o cual procurador decide que hay función, ahí estarán los medios.

Una definición simple de la codependencia refiere que “consiste en estar total o casi totalmente centrados en una persona, un lugar o en algo fuera de nosotros mismos”. El concepto ayuda a profundizar en la nula o débil capacidad de los medios para mirarse a sí mismos, centrados precisamente en mirar al otro, en este caso, al gobierno en turno. No creo que esto pueda dimensionarse sin ser interpretado como una impronta histórica. La violencia ha sido siempre el instrumento privilegiado para construir desde el poder la dicotomía de los buenos y los malos. Mucho antes del origen del Estado moderno ya fluía la lucha por hegemonizar el significado de la violencia. Ya en la modernidad, el derecho formalizó las categorías de la violencia tolerada y la no tolerada. El poder público encarnó el monopolio de la denominada violencia legítima y a lo largo de la historia el discurso político llenó a la violencia de los significados funcionales precisamente a los sucesivos proyectos de poder. Si se miran los orígenes de la llamada nota roja, aparece como una doble historia, la del dominio político y la de los medios, ambas destinadas a reproducirse mutuamente.

Hoy como ayer la violencia es rentable política y económicamente. Pero hoy, como nunca antes, ambas rentabilidades se funden en proyectos de poder que ya no se explican sin el andamiaje mediático.

Entonces hay nuevas preguntas. ¿Hasta qué punto la codependencia de los medios de comunicación respecto al tratamiento de la violencia por parte de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto está anclada a proyectos de dominio que diluyen la frontera entre medios y el poder público? No lo sé; pero me queda claro que con el anterior presidente la masificación del escándalo mediático siguió al manejo escandaloso de la violencia desde el gobierno; misma dinámica, pero volcada hacia la invisibilización, sucede ahora con el actual titular del Ejecutivo federal. Para éste los montajes ya no tienen cabida y en tal contexto se inscribe la decisión de no exhibir ante medios a Elba Esther Gordillo, luego de ser detenida. Las palabras del vocero de la Secretaría de Gobernación, a propósito de ello, son elocuentes cual más: “Vamos a cambiar la narrativa”. Se impone así una pregunta que concierne a la salud de la democracia, ponderada desde la libertad de prensa y el derecho a saber: ¿y la narrativa de los medios?

 

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