De Atenco a la reforma policial democrática

Una mirada propositiva en clave de reforma policial democrática y derechos humanos

El Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde) y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” han constituido una alianza estratégica cuyo objetivo es impulsar, desde una plataforma compartida y haciendo uso de las fortalezas de cada organización, cambios democráticos y estructurales en las políticas públicas relativas a la seguridad ciudadana, la justicia penal y los derechos humanos.

Nos inspiran dos certezas: por un lado, la riqueza de la aproximación técnica y la experiencia de campo en el respeto y promoción a los derechos humanos, ambas asociadas a estas funciones públicas, se ven mutuamente fortalecidas al entrar en interacción; por el otro, nos identifica el compromiso con la incidencia, es decir, nos ubicamos en las antípodas de la contemplación y asumimos nuestra responsabilidad en la construcción de instituciones públicas eficaces y en el ejercicio de sus misiones y relacionadas armónicamente con la promoción y el respeto de los derechos fundamentales. El lector tiene en sus manos el primer producto de esta alianza.

Este cuaderno aborda a la policía. O, mejor dicho, aborda, estudia, denuncia, analiza y propone de frente a la experiencia viva de la policía. La función policial es sin duda la responsabilidad más delicada del Estado en tiempos de paz. A la policía se le ordena cumplir y hacer cumplir la ley por medio de poderes diversos, entre los cuales destacan el empleo de las armas de fuego y el uso de la fuerza. Paradójicamente, al aplicar esos poderes en aras de proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades, la policía se convierte, por sí misma, en el instrumento que más pone en riesgo y violenta, tales derechos precisamente por la enorme dificultad que supone controlar en todo momento el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas a las corporaciones.

En todo el mundo la policía comete abusos en mayor o menor medida. No hay una sola corporación exenta de problemas. Luego de la crisis de los derechos civiles de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, en la cual la policía mostró su alta propensión al empleo abusivo de las armas y la fuerza, las democracias más avanzadas iniciaron una reforma profunda a la doctrina, las políticas, las normas, la gestión y las tácticas de sus cuerpos policiales. Muchas democracias débiles han seguido ese camino y ahora la denominada reforma policial democrática crece en los cinco continentes.

Parte importante del consenso internacional en la materia reconoce que en democracia la función policial descansa sobre cuatro principios: a) atención prioritaria al ciudadano; b) respeto a la ley; c) respeto a los derechos humanos, y d) transparencia.

En democracia, la transparencia de la policía es un estilo de gestión que se incorpora de manera transversal a todos los procesos institucionales y en la mayor medida posible a las conductas específicas de los agentes que construyen día a día las denominadas prácticas policiales. La fórmula es muy clara: en democracia la policía debe hacer suya la transparencia como una regla y la reserva de información como una excepción. Y toda excepción debe ser públicamente justificada con criterios e instrumentos de medición objetivos. Lo contrario degenera en la debilidad de la institución y en alto riesgo para los policías mismos y los ciudadanos, dado el hecho de que la opacidad en la policía incuba el crecimiento exponencial de los abusos. Las centenas de escándalos provocados por la policía a lo largo del mundo confirman sin lugar a dudas la anterior afirmación. Un ejemplo que cruzó el mundo fue la paliza, en Los Ángeles, a Rodney King, luego de la cual las investigaciones hallaron que la falta de transparencia jugaba como factor clave en el debilitamiento estructural de los controles internos y externos sobre el Departamento de Policía.

En México hay 1,661 instituciones policiales y tal vez ni una de ellas cumple a cabalidad con los estándares mínimos de transparencia diseñados en el concierto internacional. Muchas de ellas, de hecho, todavía no tienen la noción de esta debilidad y de los efectos multiplicadores en términos de riesgos, violencia, corrupción, impunidad y simulación directamente asociados a la opacidad. Por ese escándalo y por los que se suceden día a día en todo el mundo, hoy se ha consolidado una tendencia mundial hacia la creación de sistemas complejos y sofisticados de control interno y externo de la policía. México va en ese camino.

No hay policía democrática cuando ésta no regulariza la relación armónica con los derechos humanos; no hay policía democrática cuando ésta no rinde cuentas de sus decisiones y actos y garantiza las consecuencias del buen y el mal proceder; no la hay cuando no existe confianza y apoyo social hacia ella; no hay policía democrática cuando ésta se cierra antes, durante y después de los problemas asociados a su desempeño; no hay policía democrática donde sus miembros no son reconocidos como ciudadanos con plenos derechos, y no la hay donde el empleo de las armas de fuego y el uso de la fuerza no son sujetos a los controles que garanticen, al mismo tiempo, su eficacia y uso legal y legítimo.

Nada más lejos de nuestras expectativas que una policía inactiva o paralizada. No creemos que la mejor policía es la que no interviene. Todo lo contrario, la mejor es la que interactúa de manera proactiva con las comunidades y la que reacciona con método, prudencia y firmeza ante cualquier violación a las normas, particularmente ante toda forma de violencia. Y nada más lejos de nuestras expectativas que una policía que interviene por medio de operativos que evidencian, ante los ojos de México y el mundo, la ausencia de técnica, control y método, y el uso de las armas y la fuerza al margen de las reglas de proporcionalidad, necesidad y oportunidad, tal cual sucedió en Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006.

Nada más ajeno a nuestras expectativas que comunidades o personas que se autorizan a sí mismas para violar la ley. Y nos oponemos de manera incuestionable a la violencia contra la policía y contra los derechos humanos de los policías.

Este documento trasciende la visión de los casos específicos de violación a derechos por parte de la policía durante los hechos referidos, si bien toda su primera parte los recoge y se suma a su condena, al tiempo que exige su justo castigo y avanza hacia una mirada estructural. La razón es muy simple: lo que un policía hace o deja de hacer tiene tras de sí la presencia de cierto tipo de sistemas formales e informales, es decir, de un conjunto de conceptos, políticas, normas, estándares de gestión, decisiones y prácticas diarias. Los incentivos y márgenes de acción de cada policía surgen de las reglas formales e informales construidas a través de sistemas que ayudan o impiden el funcionamiento democrático de la policía.

Dicho de manera más simple, si un policía abusa es porque la institución de la que depende tolera o propicia tal conducta; la clave, en consecuencia, está en la relación de control que la institución policial –y la sociedad– construye o no con el uniformado que depende de ella. Control entendido como un conjunto de sistemas que permiten medir lo que cada policía y la institución en su conjunto hacen, aplicar las consecuencias al buen y mal desempeño y, no menos importante, acumular aprendizaje.

Y nuestra mirada estructural es la plataforma para la construcción de propuestas que tarde o temprano deben ser debatidas con la policía, para que, en su caso, ella las incorpore, las perfeccione y las haga suyas, logrando así la propuesta democrática de hacer de la policía objeto y sujeto de su propio cambio.

Nos proponemos desarrollarnos como observadores atentos del actuar policial y como denunciantes comprometidos de sus errores. De igual manera nos proponemos trabajar con la policía hacia su desarrollo democrático, tal como centenas de organizaciones lo vienen haciendo en las democracias consolidadas y en desarrollo.

Insyde es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Policía y Sociedad Civil, nacida en Brasil y de la cual ya forman parte instituciones académicas y de la sociedad civil de Argentina, Chile, Colombia y, desde luego, México. Insyde además realiza múltiples proyectos con la Alianza Global ALTUS, misma que incluye organizaciones de los cinco continentes que vienen ayudando a la modernización democrática del operar policial. La fórmula es muy clara: la policía en democracia es producto de la coexistencia y corresponsabilidad entre ella y los actores externos; por eso ya existen cientos de entidades de vigilancia externa de la policía que la están ayudando a ganar eficacia y legitimidad.

Léase este informe como la suma de esta alianza a la denuncia y condena de los hechos de Atenco pero más allá, como una invitación hacia la revisión honesta del proceder policial en Atenco, en clave de reforma estructural democrática. Insyde y el Centro Prodh han iniciado una alianza que inaugura sus trabajos con este informe que tal vez puede aportar a elevar los términos del debate. Los hechos de Atenco no deben repetirse y eso sólo es posible si se inicia una transformación de los sistemas que operan detrás de las conductas. Vayamos pues de lo casuístico a lo estructural, policía y sociedad, de la mano. Hay evidencia de que esto es posible.

Ernesto López Portillo Vargas

 

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