Documento conceptual-metodológico sobre políticas públicas de seguridad ciudadana

Capacidades institucionales para medir su desempeño y bases para el desarrollo de indicadores en esta materia.

Aunque históricamente la justicia penal se ha asociado a la relación delinquir-castigar, en realidad comprende desde la prevención del delito y la procuración y administración de justicia, hasta la ejecución de sentencias, ¿pero cómo estructurar y monitorear políticas públicas que abarquen integralmente estas etapas? Juan Salgado, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), nos ofrece pautas imprescindibles en su valioso Documento conceptual-metodológico sobre políticas públicas de seguridad ciudadana, capacidades institucionales para medir su desempeño y bases para el desarrollo de indicadores en esta materia.

La primera advertencia que hace es que toda iniciativa de política pública deberá contextualizarse en el marco de la instrumentación de la reforma al sistema de justicia penal aprobada en 2008 y tendrá que considerar seis puntos de acción estratégicos: 1) combate efectivo a la delincuencia, 2) convivencia para la prevención, 3) mejora de equipo e infraestructura, 4) profesionalización, certificación y dignificación de los cuerpos policiales, 5) participación ciudadana, y 6) políticas de información.

En seguida, lo ideal, apunta Juan Salgado, es «generar indicadores para planear y evaluar políticas de seguridad ciudadana», y sugiere revisar la experiencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro y de las Unidades de Protección Ciudadana en el Distrito Federal.

Se trata del octavo documento de una serie editada por el Proyecto Calidad de Gobierno y Rendición de Cuentas en las Entidades Federativas de México, coordinado por el CIDE y financiado con recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México.

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