Posición de Insyde sobre la iniciativa presidencial de reforma en seguridad y justicia

Pronunciamiento y exhorto en torno a la Iniciativa Presidencial de Reforma Constitucional en
seguridad y justicia enviada al Senado el 1° de diciembre pasado

  • Insyde da la bienvenida a la propuesta presidencial porque implica una nueva oportunidad para reconstruir las políticas de seguridad pública y las instituciones policiales, así como para animar un nuevo debate y alternativas ante los profundos desequilibrios del pacto federal.
  • Esta organización reconoce que la violencia y la inseguridad han alcanzado proporciones inéditas, propias de una crisis de gobernabilidad democrática y asume su responsabilidad para aportar hacia las soluciones estructurales que hacen falta.
  • Insyde encuentra que la iniciativa busca restañar fallas sustantivas del Estado mexicano, sin embargo sostiene que el diagnóstico y la argumentación no son suficientes para validar las propuestas que contiene.
  • Esta organización lamenta en especial que la propuesta del Presidente no hace mención alguna del conflicto de la policía con los derechos humanos y de su avanzada militarización, fenómenos con implicaciones especialmente graves.
  • Insyde llama la atención de que la iniciativa del mando único policial se justifica en la falta de coordinación, como hace 20 años se adujo para la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son dos décadas de una promesa fallida y sin rendición de cuentas.
  • Insyde llama a evitar cualquier intento de aprobación inmediata de la propuesta, sin mediar un debate serio, amplio, incluyente e informado.

Las ofertas de la reforma

La iniciativa de reforma constitucional enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República el pasado 1° de diciembre busca crear “un nuevo sistema policial” basado en el mando único estatal; ofrece la “mejora sustancial de la procuración e impartición de justicia” mediante la redistribución de competencias penales y promete neutralizar la cooptación criminal del municipio mediante su posible disolución.

Pronunciamientos generales

Insyde da la bienvenida a la iniciativa en el sentido que crea una nueva oportunidad para abrir un debate nacional, profundo, serio e informado en torno a la seguridad pública y que responda de manera definitiva a la siguiente pregunta: ¿qué policía queremos? También aplaude la ocasión si ésta hace posible animar un debate igual en torno a los profundos desequilibrios del pacto federal y la construcción de alternativas para mitigarlos.

Llama poderosamente la atención de Insyde la inexistencia absoluta del concepto de los derechos humanos en el texto de la iniciativa. No se entiende bajo qué argumento podría ser válida la desvinculación, cuando justamente desde la seguridad pública y justicia penal se producen muchas de las más graves y frecuentes violaciones a los derechos humanos.

También preocupa la ausencia de mención alguna respecto al avanzado proceso de intervención militar en tareas de seguridad pública y a la militarización de la policía, en abierta contravención del artículo 21 constitucional que expresamente ordena su perfil civil.

La propuesta se inscribe en una trayectoria de centralización que implica un replanteamiento de las bases del federalismo, mediante la redistribución de poderes. Por tanto, la iniciativa rebasa el ámbito de la seguridad pública y la justicia penal y merece un análisis constitucional desde el paradigma del pacto federal.

El mando único estatal obligatorio parte exactamente del mismo supuesto que justificó hace veinte años la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública: la falta de coordinación. La diferencia es que ahora, sin rendición de cuentas alguna respecto al desempeño del SNSP, se responsabiliza al municipio de la malograda coordinación.

De acuerdo a la propuesta se supone que las policías estatales merecen concentrar el mando a costa de las municipales. Si el Ejecutivo Federal concluye que las primeras son más sólidas que las segundas, debe ofrecer evidencias suficientes al respecto. Recientemente el Instituto de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) informó que la diferencia entre quienes creen que la policía municipal es corrupta y los que creen que la estatal también lo es, se reduce a sólo cuatro puntos porcentuales (67% y 63%, respectivamente). Insyde ha encontrado casos donde miembros de policías estatales incurren en mayores conflictos con la ley y los derechos humanos, en comparación con integrantes de policías municipales (Desde la mirada Ciudadana Informe del Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña de Guerrero).

La iniciativa no incluye una ruta que explique la trayectoria de reforma institucional, de la cual se pueda esperar la creación de policías estatales modernas, profesionales y sujetas a control democrático. De tal suerte que este instituto anticipa la potencial transferencia de las mismas culturas verticales y opacas hacia mandos “súper dotados”, aún más lejanos a la rendición de cuentas y por tanto con mayores oportunidades de violar los Derechos humanos y la ley.

De la misma manera, la promesa de mejora de la procuración de justicia mediante la expedición de leyes generales de competencias penales, no se hace cargo del verdadero estado actual de la transición nacional en el marco del nuevo modelo penal. Las evidencias en manos de este instituto confirman deficiencias, inercias y resistencias en muchas procuradurías, cuya transformación en nada tiene que ver con la redistribución de competencias de investigación.

La promesa del rescate municipal de la captura criminal a través de la intervención de los poderes federales y estatales, parte del supuesto según el cual, en estos dos ámbitos de gobierno, se cuenta con las fortalezas suficientes ante el crimen organizado. Carece de toda lógica suponer que así es, cuando el fortalecimiento de la delincuencia organizada, que justamente permite los embates contra los municipios, no se explica sin la debilidad histórica de todo el aparato nacional de procuración de justicia. La reforma propuesta, por lo demás, no hace mención a las garantías necesarias para la gobernabilidad democrática de los municipios intervenidos.

Pronunciamientos específicos

  1. La iniciativa no reconoce los altos riesgos de la centralización de poderes policiales, que incluyen aspectos tan delicados como el uso de la fuerza y la restricción de libertades, en ambientes institucionales sin controles democráticos efectivos;
  2. La propuesta desconoce la urgencia del diseño e implementación de un nuevo modelo policial moderno y democrático, que resuelva a fondo los problemas estructurales que mantienen a las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno en grados tan bajos de efectividad y confianza;
  3. El proyecto camina en contra de la relevancia de la focalización y la proximidad en materia de seguridad ciudadana, así recomendada de manera amplia en el concierto internacional, al tiempo que desconoce que el núcleo de la seguridad en democracia está en el desafío de que la autoridad mantenga una relación cercana con la comunidad, la cual habilite la corresponsabilidad social en la materia.
  4. La relación que hace la propuesta entre centralización de mando y erradicación de la corrupción policial, no tiene fundamento empírico alguno. Por el contrario, los mandos policiales en México están especialmente lejos de la rendición de cuentas y el mando único puede debilitar aún más cualquier posibilidad de establecer contrapesos internos y supervisión externa efectivos.
  5. La iniciativa refiere que alrededor de 1,800 instituciones policiales municipales representan el 32% del total de policías en el país, pero no incluye análisis del servicio que esas policías ofrecen a las comunidades. Insyde no conoce informe alguno del SNSP que haya indagado sobre esto. En otras palabras, se propone cerrar las puertas de instituciones cuyo desempeño real y cotidiano quizá jamás se ha evaluado a profundidad.
  6. El proyecto se inscribe en una ruta de centralización cuyas evidencias son indiscutibles. En términos presupuestarios, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 hay una relación de 1 a 4 entre Seguridad Pública Federal y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios, a favor de la primera. Por su parte, el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública equivale a menos de la mitad de los más de 20 mil millones para gobierno federal. El mando único es acaso la fase superior de un proyecto centralista que viene debilitando históricamente al municipio. ¿Dónde está el análisis que valide tal ruta?
  7. La propuesta busca dejar en el municipio la atribución de la “prevención no policial”. Si bien en el texto el concepto no es explicado, se trata de separar las funciones policiales estatales de la tarea preventiva municipal. A juicio de Insyde, la fórmula implica un impacto potencialmente devastador en contra de las urgentes políticas de prevención del delito y la violencia integrales, coordinadas y efectivas. Policía y prevención separados es la receta para debilitar a ambos.
  8. La iniciativa no da cuenta de las evidencias acumuladas en torno a la debilidad del modelo vigente de certificación policial. Se sabe que la evaluación de confianza a lo largo del país en general no hace parte de un servicio civil de carrera y además no se ha demostrado que la certificación en efecto reduzca la corrupción policial, tal como se prometió. No es razonable en consecuencia recargar en esta certificación la expectativa de un verdadero saneamiento policial en las policías estatales y en el proceso de absorción de las municipales.
  9. El proyecto tampoco da cuenta del estado real del Sistema de Desarrollo Policial, mismo que, a juicio de Insyde, no ha cumplido con la oferta de movilidad horizontal y vertical del personal entre instituciones policiales, debido a condiciones estructurales, institucionales y de operación que han colapsado la implementación efectiva de un modelo de carrera. La propuesta presidencial repite la oferta de la carrera policial, sin incluir argumentos que respondan a una sencilla pregunta: ¿Por qué ahora sí se cumplirá?
  10. No obstante la inseguridad y la violencia lastiman ya las bases mismas de la gobernabilidad democrática, los principales partidos políticos se han movido en los últimos años entre posturas a favor y en contra del mando único, mostrando así la adopción de posturas de coyuntura ajenas a elaboraciones sólidas y coherentes en torno a políticas públicas de seguridad. Es así como la debilidad policial es en el fondo una representación de la manipulación política sobre ella.
  11. La ausencia de referencia alguna a los derechos humanos en la iniciativa preocupa profundamente al instituto, porque descontextualiza la problemática de la policía, con respecto a su conflicto documentado con aquéllos, por ejemplo a través de la práctica de la tortura. La reiterada oferta del Presidente Enrique Peña Nieto es llevar los derechos humanos a la realidad práctica de la gente y eso sin duda pasa por la reconciliación de la policía con tales derechos.

Exhorto

Insyde hace un respetuoso y urgente llamado al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República para que convoquen a un debate serio, amplio, incluyente e informado en torno a la iniciativa materia de estos pronunciamientos. Llama Insyde a descartar de inmediato cualquier aprobación acelerada que evada la auténtica y profunda reflexión. Ante la evidente crisis de gobernabilidad democrática asociada a la inseguridad y la violencia, esta organización de la sociedad civil celebra la nueva oportunidad que tiene el país para revisar y transformar sus políticas públicas en materia de seguridad pública y sus instituciones policiales. Una vez más Insyde enfatiza que es posible, deseable y urgente construir un modelo policial democrático que dé paso a la reconciliación entre la policía y las comunidades a las que debe servir.

 

Ciudad de México, diciembre 8 de 2014.

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