Una aproximación a los costos de la violencia y la inseguridad en México

Documento exploratorio del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.
Resumen Ejecutivo.

Todo tipo de violencia y delito acarrea altos costos económicos, institucionales y sociales porque frena el desarrollo. Por ejemplo, en el plano microeconómico, reduce las oportunidades de formación de capital humano. En el plano macroeconómico, inhibe la inversión extranjera y la nacional, al mismo tiempo que desalienta el ahorro nacional si existe menos confianza en las posibilidades de crecimiento futuro de la economía.

  • En México, ciudadanos y comunidades (grupos de población específica, empresarios locales y grandes empresas, etc.) han tenido que cambiar su cotidianidad y su actividad de desarrollo o desenvolvimiento, para evitar ser víctimas del delito, lo que ha restringido de distintas maneras sus libertades individuales, sociales y económicas.
  • La inseguridad genera impactos colectivos porque transforma la manera como las personas construyen sus vínculos sociales, deteriora el espacio público y acentúa la desigualdad y la exclusión.
  • La inseguridad ciudadana tiene consecuencias significativas para la sociedad, con costos altos en términos del Producto Interno Bruto (PIB), del gasto público, del desarrollo económico local, del desempeño laboral y educativo e incluso de la esperanza de vida.

Tales son las conclusiones que se desprenden a partir de una exploración que el Insyde realiza por estudios sobre los costos de la violencia y la inseguridad. Se plantea en éstos que la inseguridad, además de que pone en riesgo la vida, el patrimonio, la libertad y la salud de los individuos, también tiene repercusiones en diversos ámbitos. A continuación algunos datos que sustentan estas afectaciones:

  • Hacia finales de 2011, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP, 2011), apoyado por instituciones nacionales e internacionales, calculaba el costo que genera esté fenómeno en México en 15% del PIB.
  • El Centro de Análisis en Políticas Públicas México Evalúa (2011) plantea que el gasto público en seguridad es uno de los componentes del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que más han crecido en importancia relativa. Para 2010, según este mismo estudio, el gasto en seguridad pública llegó a representar 6.2% del total del gasto programable, y se ubicó en unos 197 mil millones de pesos. Esta cantidad representó 93% del presupuesto federal dirigido a educación pública a través del ramo 11, que en ese mismo año mismo fue de 211,186 mdp.
  • De acuerdo con un análisis del PNUD (2013), en 2009 la región latinoamericana perdió 331 millones de años de vida, considerando la pérdida en la expectativa de vida y la población. Colombia perdió 16 meses de expectativa de vida, El Salvador 21 meses, Guatemala 17 meses, Venezuela 20 meses. México tuvo una pérdida de seis meses de vida.
  • Sin este exceso de muertes por homicidio, en promedio, los países en América Latina habrían logrado una ganancia de $51 USD en el PIB per capita. En países como El Salvador (78 USD), Guatemala (72 USD) y Venezuela (110 USD), este valor habría superado los $70 USD en el PIB per capita. En el caso de México, el país dejó de percibir, según este estudio, un promedio de 42 USD per capita en ese año.
  • Los resultados de un ejercicio desarrollado por un grupo de investigadores con patrocinio del BID (Magaloni-BID, 2013) demuestran que durante el primer y segundo años después del inicio de una guerra entre cárteles, los municipios estudiados consumieron 4.19% y 7.4% menos electricidad percápita en promedio. Estos resultados indican que las guerras entre cárteles de droga rivales por control de rutas estratégicas o plazas en los últimos seis años, han tenido un impacto profundo en las economías locales en México.
  • En una investigación periodística realizada por el diario El Universal (2014), se ha revelado que el costo de equipar a un integrante de una autodefensa puede oscilar entre los 10 mil y 18 mil pesos. La cifra no es menor si se considera que por ejemplo en Michoacán, los líderes de las autodefensas declaran tener a más de 20 mil personas armadas. Costos absorbidos, en cierto grado, por los propios ciudadanos que se constituyen en grupos de autodefensa o se ha planteado que son financiados por sus familiares migrantes en Estados Unidos, lo que representa un desvío de las remeses del bienestar social a armas y equipamiento, pero en el fondo también acentúa la brecha entre la ciudadanía y las instituciones del Estado que debieran garantizar el estado de derecho.
  • La violencia dentro del hogar también daña los proyectos para el desarrollo, no sólo las vidas de sus víctimas. El abuso afecta el rendimiento de los niños en el colegio y, por tanto, su productividad futura y la rentabilidad de la inversión del Estado en educación. Las mujeres que sufren violencia doméstica son menos productivas en sus lugares de trabajo y esta reducción de su productividad es una pérdida directa para la producción nacional.

Los puntos anteriores ilustran cómo se incrementan la pobreza y la desigualdad, con lo que se genera más crimen y violencia. También es importante concluir que una mayor inyección de recursos del gasto público no necesariamente deriva en mejores condiciones de seguridad. México y la región latinoamericana padecen tasas de homicidios y delitos que están entre las más altas del mundo y el nivel de confianza en las instituciones públicas, como la policía y el sistema de justicia, están entre los más bajos. Por tanto, además de representar pérdidas para los afectados, la inseguridad puede resultar en los hechos, como un impuesto expropiatorio que afecta la asignación de recursos y debilita el estado de derecho.

Consulta el documento Una aproximación a los costos de la violencia y la inseguridad en México (Formato PDF)

TwitterFacebookEmail
loading