“La escasez de dinero y la falta de capacidad instalada impide que se pueda realizar la evaluación de los 400 mil policías del país, aseguró Jorge Tello Peón, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)”. La información, publicada en El Universal el sábado 19 de septiembre, agrega que este caso ejemplifica que hay un desfase entre lo deseable en cuestiones de legislación y lo que sucede en la vida cotidiana, a decir del funcionario.
Uno de los más experimentados operadores políticos y técnicos de la seguridad en México nos está avisando que el SNSP no puede evaluar a la policía en la forma que lo ordenan la ley y el Programa Nacional en la materia, pero, además, nos da cuenta, siempre según la misma nota, de que esas evaluaciones no aplicadas son instrumentos de control de la corrupción. Escandaloso, por decir lo menos.
El aviso viene luego de que fue firmado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, después de reformada la ley del SNSP y mucho después de una escalada sin precedentes del gasto público nacional en el sector, iniciada hace ya tres lustros. Ya hubo acuerdos políticos, reforma legal y dinero creciente, pero no logramos dar el paso número uno en el saneamiento nacional de las instituciones policiales: la evaluación regular y completa de sus miembros.
¿Qué hacemos con esta información? ¿La ponemos a un lado y a lo que sigue? ¿Seguimos pretendiendo que, en efecto, las Fuerzas Armadas regresarán a sus cuarteles, dejando el paso a corporaciones policiales renovadas y profesionales? ¿Seguimos haciendo a un lado la mirada, cuando día a día nos explota en la cara la debilidad crónica de la policía? ¿Le seguimos dando vuelo al discurso de las manzanas podridas, escondiendo el de las instituciones enfermas?
Un sinnúmero de policías y servidores públicos en el sector de la seguridad pública hace su mejor esfuerzo, incluso arriesgando la vida sin el respaldo institucional y social que merece. A ellas y ellos mi reconocimiento y admiración de siempre. Cuando volvemos a ratificar que el SNSP no da el mínimo indispensable, la primera gran injusticia es hacia ellas y ellos.
Tenemos años insistiendo en la necesidad de someter al SNSP a una evaluación técnica y profunda, a manos de expertos e instituciones independientes. Ni un solo Ejecutivo municipal, estatal o federal ha aceptado y promovido la propuesta.
Es cierto que ha crecido el esfuerzo social por evaluar los resultados del sistema, ahí está el encabezado por México Unido contra la Delincuencia y otros. Pero no sólo son insuficientes, sino además ahora sabemos que cumplir con el mandato legal, según el parecer del gobierno federal, es imposible. Y entonces aparece esa fórmula tan explotada por el poder público en México: distingamos entre lo deseable y lo real.
¿Qué es lo realmente posible con la policía en México? Imagino que cada operador del sector tendrá su respuesta. Los legisladores, periodistas, académicos y cada ciudadano tendrán su idea de lo que es realmente posible. De hecho, la mayoría, según mi experiencia, vive con la idea de que la reforma policial en México es imposible. En cambio, en algunos países, la definición de lo posible ha sido lograda a través de un plan de reforma policial a cinco, 10, 15 años, con objetivos y metas cuyo cumplimiento es evaluado de manera regular y pública.
En México no hay un plan público de esta naturaleza y todos los miembros del SNSP son responsables de ello. Sí hay, en cambio, expertos en cada esquina que concluyen que todo el problema se reduce a la existencia de más de un millar y medio de corporaciones. Ellos deberían responder por qué en un país donde hay aproximadamente 17 mil cuerpos de seguridad, la reforma lleva 40 años avanzando, cual es el caso de Estados Unidos. Aquí, la evaluación externa al sistema no llega, mientras la seguridad y el tiempo se nos van. El desgaste militar avanza y la simulación de la profesionalización policial campea. Escandaloso.
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