Mientras organizaciones civiles sostienen que de 2006 a la fecha han sido cometidas más de 3 mil desapariciones forzadas en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos da cuenta de unas 70.
Datos tan dispares como éste fueron encontrados por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias durante su visita a nuestro país [marzo 18-31, 2011], encabezado por Jasminka Dzumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé.
De acuerdo con la relatoría de la visita, el objetivo fue «examinar el estado de las investigaciones sobre casos pasados y recientes de desaparición forzada, y conocer las medidas adoptadas por el Estado mexicano para prevenir y erradicar este problema y combatir la impunidad».
Encontraron, entre otras cosas, que mediante eufemismos como «extravío», «pérdida» o «levantón», las autoridades «disfrazan y descontextualizan del marco penal la desaparición forzada», limitándose a consignarla en «actas circunstanciadas que muchas veces quedan ‘en reserva’ en los ministerios públicos».
En cambio, reconoce como un avance importante el presupuesto de 30 millones de pesos que el Congreso destinó a la reparación del daño en favor de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Finalmente, aporta una serie de recomendaciones específicas al gobierno mexicano, incluidas las de «garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todos los estados», «considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública» y «establecer protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y de las policías».
Consulte relatoría de la visita
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