El fuero militar no tendrá cambios: los miembros de las Fuerzas Armadas seguirán siendo juzgados exclusivamente por tribunales castrenses aun cuando cometan delitos contra civiles.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] el 18 de mayo [2011], incumpliendo cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] que obligan al gobierno mexicano a garantizar que «el fuero militar no se aplique a delitos vinculados a violaciones a los derechos humanos ni se extienda a procesos que involucren a personas civiles».
En comunicado de prensa [mayo 21, 2011], el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional [CEJIL] dio a conocer lo anterior, expresando su «decepción sobre el pronunciamiento de la SCJN», pues «el Estado mexicano, incluido el Poder Judicial, tiene la obligación de restringir al máximo el fuero militar y no, por el contrario, brindarle atribuciones del ámbito común que no le corresponden».
Con tal decisión, añade, «México da dos señales contradictorias en cuanto al respeto de sus compromisos internacionales», pues mientras ese mismo día se concretó la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, unas horas más tarde tan «relevante acción legislativa se vio opacada por la decisión de la SCJN con respecto al fuero militar».
Las sentencias de la CIDH contra México, que datan de 2009, fueron por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, y las de 2010 por los abusos contra Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.
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