Los grupos juveniles violentos son un problema relevante en la agenda de la seguridad ciudadana. Las políticas públicas responden de manera extemporánea y reactiva buscando controlar a grupos y miembros. La mayoría de las prácticas preventivas apuestan a «encausar» a niños, niñas y jóvenes antes de que se vuelvan criminales. Y muchas veces estos abordajes preventivos impulsan la profundización de la violencia.

Avanza, sin embargo, una perspectiva superadora. Niños, niñas y jóvenes no son instancias incompletas de la vida, sino que son sujetos de derechos. El creciente consenso internacional sobre derechos humanos echa raíces y marca lineamientos para nuevas políticas. El abordaje de los grupos juveniles violentos también está siendo alcanzado. La discusión tiende a correrse desde las intervenciones de control hacia garantizar derechos y considerar a las juventudes como actores relevantes del cambio.

La criminología ha acompañado estos debates. Surgen, entonces, estrategias de trabajo con grupos conflictivos que buscan empoderarlos, insertarlos en la dinámica social y política por la conquista de derechos. Para hacerlo, hay que analizar y entender que estos grupos producen una institucionalización en un mundo de privaciones acentuadas y consumo globalizado, expulsión económica y geográfica, revigorización de identidades locales, culturales, políticas, donde los mercados ilícitos quizá aportan una de las pocas posibilidades de inclusión económica. Las bandas o pandillas gratifican a sus miembros, los forman y generan liderazgos.

Trabajar con estos grupos alentándolos a integrarse como ciudadanos en las disputas por el disfrute de derechos, es un aporte a consolidar sociedades inclusivas y más cohesionadas. Arte, deporte y políticas serán propuestas como las herramientas. Pero antes, definamos algunos conceptos: de qué juventud hablamos, de qué violencia y cómo han progresado los estudios sobre los grupos juveniles violentos.