Cuando escucho a la gran mayoría de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular hablar sobre sus propuestas en materia de seguridad y luego leo el avance dado a conocer del informe del Banco Interamericano de Desarrollo denominado Antípodas de la Violencia. Desafíos de cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América Latina, caigo en profunda frustración. Calculo que esas propuestas presentan un rezago de entre dos y tres décadas respecto a las lecciones presentadas en el informe. En México aún dominan quienes creen que aumentar la capacidad policial, disminuir las desigualdades socioeconómicas y modificar las leyes son medidas exitosas a favor de la seguridad. El texto, en cambio, informa que para lograr los cambios de fondo debemos empezar por reconocer y trabajar con los comportamientos de la gente, detrás de los cuales aparecen razones, intereses y emociones. El estudio enfatiza que ni el determinismo económico típico de la izquierda política ni la inclinación policial común desde la derecha consideran que la inseguridad y la violencia obedecen a veces a actitudes y creencias que pueden ser independientes tanto de la capacidad de sanción de un gobierno como de las condiciones socioeconómicas. El llamado impacta en los supuestos que están en las propuestas de los candidatos a la presidencia.
Antípodas de la Violencia enseña la creciente diseminación e influencia de la política pública de seguridad y convivencia basada en el poder regulador de la cultura, aplicada con éxito incuestionable en Bogotá bajo las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. Más allá de las abrumadoras estadísticas que enseñan la reducción de la violencia, la delincuencia, la inseguridad y la accidentalidad, durante esos gobiernos fui testigo cercano de la sofisticada fórmula de pedagogía social transformadora de la cultura. Pero el informe nos trae noticias alarmantes, por ejemplo, la diseminación en la región del “familismo”, entendido como la “creencia según la cual violar la ley o hacer trampa es justificable para ayudar a la familia”, sumada a la multiplicación de actitudes asociadas con la “devaluación de la vida humana”, fenómenos que están detrás de “la tolerancia generalizada o la aprobación cultural frente a poner en peligro la vida siguiendo cualquier tipo de motivaciones, por ejemplo la defensa de derechos de propiedad, o bien los imaginarios asociados al machismo. A esto se suman factores de riesgo generalizados como el consumo de alcohol”. Entre las ocho ciudades encuestadas de Bolivia, Colombia, México, Venezuela y Ecuador, es Monterrey la que registra los más altos niveles de familismo. Cabe la pregunta inmediata: ¿acaso los gobiernos de esa ciudad y del estado tienen nociones de estas dimensiones culturales que parecen al menos en parte explicar la violencia sin precedentes que ahí sufren? La pregunta puede ser lanzada como escopetazo hacia todo el país: ¿qué gobiernos a lo largo de México leen la cultura ciudadana para explicar la inseguridad y la violencia, y la utilizan como palanca de solución? Y, por si fuera poco, el informe señala que en la región se verifica “una fuerte disposición a infringir la norma”.
Hay una propuesta precisa de “intervención cultural”: 1) Diagnosticar las motivaciones, comportamientos o actitudes riesgosas; 2) Institucionalizar y focalizar intervenciones en torno a un comportamiento específico de alto riesgo e impacto; 3) Monitorear y medir la intervención y retroalimentar a la ciudadanía, y 4) Aplicar mecanismos de regulación y control social que den forma a la censura colectiva de comportamientos, creencias o actitudes riesgosas en la problemática identificada. Antípodas de la Violencia nos enseña el problema y las claves de la solución. Los riesgos que explican la crisis de inseguridad, delincuencia y violencia se modelan en las creencias, hábitos y motivaciones. ¿Para cuándo la pedagogía social entre nosotros? Estamos décadas atrás.
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