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Hemos aprendido que el concepto de la seguridad sigue siendo principalmente asociado al uso de la fuerza por parte del Estado y mucho menos a una manera de convivir construida desde múltiples instituciones del Estado y actores sociales.
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Que la prevención del delito es entendida mucho más como una serie de medidas disuasivas basadas en la amenaza del castigo y sólo excepcionalmente como un conjunto de acciones coordinadas entre actores oficiales e independientes encaminadas a fortalecer el tejido social y por esa vía reducir los riesgos.
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Que la agenda de la seguridad de los gobiernos casi siempre permanece centrada en fortalecer la capacidad operativa de la policía y el ejército mexicano, buscando contener la violencia de la delincuencia organizada y dejando al margen la implementación de procesos de reforma institucional que arrojen confianza social hacia las propias instituciones.
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Que aún domina el paradigma incrementalista que presupone una relación de causa efecto entre crecimiento de recursos para seguridad y la mejora en los resultados, aunque la evidencia empírica no lo avale.
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Que muchos gobiernos hacen esfuerzos extraordinarios a favor de la seguridad y la no violencia, pero los soportan en políticas públicas y diseños normativos e institucionales que no están vinculados al aprendizaje emanado de los casos prometedores o de éxito, provocando así la persistencia de rutinas improductivas o contraproducentes.
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Que la mayoría de los gobiernos está anclada en mecanismos de autoevaluación asociados a indicadores cuantitativos que no pasan por la medición de impacto en torno a la percepción de seguridad, la victimización y la confianza institucional.
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Que las instituciones policiales y el sistema de justicia penal no han logrado remontar el saldo negativo de confianza social hacia ellos.
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Que policía y las Fuerzas Armadas mantienen un conflicto de proporciones desconocidas con los derechos humanos, aunque creciente.
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Que en México no existe experiencia de éxito documentada y consolidada a favor de la seguridad y la no violencia, disponible en el foro de investigación académica y en el monitoreo desde la sociedad civil.
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Que el Sistema Nacional de Seguridad Pública no ha logrado posicionar una oferta técnica suficiente y convincente para los propios gobiernos que lo conforman y tampoco ha desarrollado una política de transparencia y rendición de cuentas persuasiva para la sociedad en general.
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Que ese sistema no ha logrado crear un mecanismo de contrapeso y equilibrio que contenga el dominio federal y permita el encuentro constructivo de experiencias y propuestas municipales, estatales y federales.
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Que la concepción autoritaria de la seguridad ocupa buena parte del imaginario colectivo, de manera que los conflictos asociados a la inseguridad y a la violencia activan demandas organizadas hacia el castigo lo más severo posible, independientemente de los medios para construir la culpabilidad, reproduciéndose así una caldo de cultivo propicio para el populismo punitivo y la violación sistemática de los derechos humanos.
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Que la agudización de la inseguridad y la violencia ha creado una emergencia social de proporciones aún por descubrir, generando dinámicas de descomposición política, institucional y social verificables en miles de testimonios de desesperación y desamparo, surgidos en contextos donde se han colapsado los mecanismos formales e informales de contención de la violencia y sus secuelas. Todo esto y mucho más hemos aprendido. ¿Qué hacemos con todas estas enseñanzas?
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